La expedición de licencias de conducir en Coahuila conserva una brecha relevante frente a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: no incorpora un examen de valoración integral ni una prueba práctica dentro del procedimiento aplicado por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. La omisión cobra importancia porque la norma federal vigente desde 2022 plantea que conducir no debe acreditarse únicamente como un trámite administrativo, sino como una capacidad que combina conocimientos, destrezas y condiciones físicas compatibles con la seguridad vial.
El artículo 51 de la legislación general dispone que los estados regulen la expedición de licencias mediante evaluaciones teóricas, prácticas e integrales. Esta última categoría no se limita a una revisión documental: el glosario de la ley la define como un conjunto de valoraciones físicas y médicas, además de verificaciones sobre el conocimiento de los reglamentos de tránsito, tanto para quienes solicitan una licencia por primera vez como para quienes buscan renovarla.
Un requisito pendiente más allá de la habilidad al volante
El debate no consiste en asumir que una revisión médica podría anticipar todos los eventos de salud que ocurren en la vía pública. Desmayos súbitos, padecimientos no diagnosticados o crisis inesperadas pueden presentarse incluso en personas que previamente superaron una valoración. Sin embargo, un filtro básico sí puede identificar factores que merecen atención clínica, restricciones específicas o una evaluación adicional antes de autorizar la conducción de un vehículo.
La diferencia es sustantiva: un examen práctico permite observar si una persona domina maniobras, señales y reglas elementales de circulación; una valoración integral añade la pregunta de si está en condiciones de ejercer esa habilidad sin un riesgo previsible para sí misma y para terceros. La ley federal optó por esa combinación porque la seguridad vial depende tanto del comportamiento del conductor como de su aptitud física y cognitiva al momento de manejar.
El caso que reactivó la discusión
La necesidad de fortalecer el proceso volvió a la conversación pública tras la muerte de Alejandra Aracely, una mujer de 30 años que el 28 de agosto se impactó contra una farmacia mientras circulaba de sur a norte por el bulevar Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con una de las principales hipótesis, la conductora habría perdido el conocimiento y no frenó antes del choque. La investigación del hecho determinará las causas, por lo que el caso no permite establecer por sí solo una relación con el sistema de licencias.
Aun así, el accidente ilustra una limitación de política pública: las autoridades enfrentan sin herramientas preventivas suficientes algunos riesgos vinculados con la salud de los conductores. El objetivo de un examen integral no sería atribuir responsabilidades anticipadas ni excluir automáticamente a personas con enfermedades, sino construir criterios claros para evaluar casos, recomendar controles y, cuando proceda, definir condiciones de conducción que reduzcan exposición al peligro.
Cuatro años sin armonización legislativa
Coahuila debió adecuar sus leyes locales al marco federal desde 2022, pero la armonización acumula cuatro años de retraso. La demora ha dejado una distancia entre el estándar establecido por el Congreso de la Unión y la operación cotidiana de los trámites estatales. Mientras esa modificación no se concrete, la entidad seguirá sin una base local plenamente alineada para exigir y organizar las evaluaciones previstas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejandro Dávila Flores, advirtió desde agosto del año pasado que la actualización del marco jurídico corresponde al Poder Legislativo y debe realizarse conforme a los elementos de la nueva normativa federal. Su planteamiento sitúa el problema fuera de una medida aislada: la armonización requiere compromisos de largo plazo, políticas públicas coordinadas y avances consistentes ante los desafíos de movilidad y prevención de siniestros viales.
La complejidad no elimina la obligación
En junio, el Congreso del Estado informó que prevé concluir la homologación hacia finales de 2026, una vez terminada la LXIII Legislatura. Beatriz Fraustro, presidenta de la Junta de Gobierno, explicó que el análisis se ha extendido por las amplias adecuaciones requeridas, particularmente las relativas a nuevas formas de transporte. Esa complejidad es real: regular movilidad implica coordinar municipios, autoridades de tránsito, salud, transporte público y sistemas de información.
Pero el retraso también exige distinguir entre los asuntos que requieren rediseños amplios y aquellos que pueden traducirse en reglas operativas graduales. La evaluación de conductores necesita protocolos médicos definidos, protección de datos personales, criterios técnicos transparentes, capacidad institucional y mecanismos de apelación. Posponer todo el paquete legislativo mantiene sin resolver una medida que puede diseñarse con implementación escalonada, capacitación y coordinación con el sector salud.
La licencia como instrumento de prevención
Una reforma efectiva tendría que evitar dos extremos: convertir la licencia en un trámite médico costoso e inaccesible, o mantener un sistema que confía exclusivamente en la declaración del solicitante. El desafío consiste en construir evaluaciones proporcionales al tipo de permiso, la edad, los antecedentes relevantes y el uso particular o profesional del vehículo, con procedimientos accesibles y fundamentos técnicos verificables.
La discusión en Coahuila revela que la seguridad vial no se agota en calles, señalización o sanciones posteriores a un choque. También empieza antes de que una persona reciba autorización para conducir. La armonización pendiente ofrece la oportunidad de actualizar ese punto de entrada con reglas aplicables, controles razonables y una responsabilidad compartida entre Congreso, autoridades administrativas y sistema de salud.
