La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió al presidente José Raúl Mulino vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional, que amplía descuentos y otros beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El gremio sostuvo que la protección de esa población es una responsabilidad compartida, pero reclamó que las nuevas obligaciones sean discutidas bajo criterios de sostenibilidad fiscal y económica.
La iniciativa recibió 47 votos a favor y uno en contra en el Legislativo, pero aún no entra en vigencia: requiere la sanción y promulgación del Ejecutivo. El texto modifica la Ley 6 de 1987, que reconoce beneficios a mujeres desde los 55 años, hombres desde los 60 años y a todos los jubilados y pensionados, sin importar su edad. Para los extranjeros, establece como requisito contar con permiso de residente permanente en Panamá.
Uno de los cambios centrales plantea que todos los descuentos otorgados puedan ser reconocidos como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. La normativa actual restringe principalmente ese tratamiento a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la reforma introducida por la Ley 192 de 2020.
La Cámara argumentó que los descuentos obligatorios representan una reducción directa de las ventas para las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras se mantienen o aumentan costos como planilla, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos. Según el gremio, las MiPymes enfrentan alternativas limitadas ante nuevas cargas: reducir márgenes, elevar precios, postergar inversiones, limitar contrataciones o dejar de operar.
El sector empresarial señaló que el reconocimiento fiscal de los beneficios es un asunto pendiente, pues diversos sectores han asumido durante años descuentos establecidos por ley sin una compensación fiscal equivalente. Sin embargo, consideró que incorporar un crédito fiscal del 100% no resuelve por sí solo el problema, sin determinar previamente su viabilidad, el costo para las finanzas públicas y la capacidad estatal para hacerlo efectivo.
La organización también pidió evaluar el régimen vigente, su posible impacto sobre precios, empleo, inversión y MiPymes, así como la participación que debe asumir el Estado en el financiamiento de la política de protección a los adultos mayores. Añadió que debe reforzarse el cumplimiento de los beneficios existentes y atenderse las deficiencias de servicios públicos que llevan a muchos adultos mayores a buscar respuestas en el sector privado.
La reforma además eleva las multas por negar los beneficios. Actualmente, las sanciones oscilan entre 50 y 5.000 dólares; el proyecto las llevaría a un rango de 500 a 10.000 dólares, con la duplicación de la multa anterior en cada caso de reincidencia.
