Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026 han reactivado las alertas entre los especialistas peruanos. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que la normativa vigente, incluida la actualización de la Norma Técnica E.030 aprobada en mayo de 2026, sigue sin alcanzar los estándares necesarios para enfrentar eventos de mayor intensidad que ya han ocurrido en la región andina.
Exigencias normativas por debajo del riesgo real
Según Fredy Morán, presidente de la comisión de gestión de riesgos y desastres del CIP Lima, las disposiciones actuales parten de escenarios base inferiores a los que la evidencia histórica y geológica indica como probables. La norma revisada incorpora parámetros actualizados, pero omite tecnologías de refuerzo estructural y protocolos de mantenimiento obligatorio que se aplican de manera sistemática en Chile y Japón tras cada gran evento. Morán señala que cumplir con la regulación existente no garantiza resistencia ante un sismo de magnitud 8,8 o superior, escenario que ya ha afectado a países vecinos.
El problema se agrava por el ritmo del desarrollo inmobiliario de los últimos años. Miles de condominios y torres habitacionales en Lima se han levantado bajo parámetros que los especialistas consideran insuficientes frente al peligro sísmico documentado del país. La brecha entre la norma escrita y la amenaza efectiva se mantiene incluso en proyectos recientes.
Autoconstrucción y suelos inestables
El CIP estima que cerca del 80 % de la población peruana reside en viviendas autoconstruidas sin supervisión técnica ni fiscalización profesional. Esta condición no se limita a asentamientos periféricos: afecta también a distritos consolidados donde el crecimiento informal ha avanzado sobre arenas, rellenos o suelos blandos. Zonas como Villa El Salvador, Chorrillos y los Pantanos de Villa presentan amplificación de ondas sísmicas que eleva la probabilidad de colapso estructural.
Las proyecciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) indican que un sismo de magnitud 8,8 en Lima podría generar al menos 7 millones de damnificados y 2 millones de viviendas afectadas solo en la capital. En caso de tsunami simultáneo, unas 300 000 personas resultarían directamente expuestas en la franja costera. Los acantilados de la Costa Verde, en distritos como Miraflores, Barranco y Chorrillos, concentran un riesgo adicional por posible socavación de cimientos.
Franjas de silencio sísmico y responsabilidad institucional
El Colegio identifica dos franjas de acumulación de energía tectónica: una entre Lima y Chimbote, y otra entre Tacna y Arica. La falta de actualización prospectiva de la norma E.030 recae principalmente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Morán indica que el proceso de revisión suele ser lento y enfrenta limitaciones estructurales, mientras la corrupción y la escasa fiscalización en los tres niveles de gobierno agravan la exposición general.
El arquitecto urbanista Aldo Facho Dede añade que el 91 % del nuevo suelo urbano en Lima se ha generado de forma informal y que el 70 % de las viviendas totales han sido autoconstruidas. Esta dinámica, combinada con la ausencia de acompañamiento técnico municipal, produce edificaciones sin planos ni verificación profesional, incluso en terrenos con condiciones geotécnicas inestables.
Vivienda progresiva como vía de mitigación
Frente a este panorama, Facho Dede propone reconocer la vivienda progresiva como estrategia central. Sugiere un sistema nacional de certificación técnica y acceso a créditos para refuerzo estructural, coordinado con colegios profesionales. El objetivo es acompañar a las familias en mejoras puntuales de seguridad sin exigir reconstrucciones totales, priorizando la evaluación del suelo y la reubicación solo cuando sea técnicamente indispensable.
La experiencia regional muestra que la combinación de normas actualizadas, fiscalización efectiva y programas de refuerzo gradual reduce significativamente la vulnerabilidad. En Perú, la distancia entre estos elementos sigue siendo el principal factor de riesgo para la próxima década.
