China está extendiendo el alcance de su legislación más allá de sus fronteras para hacer cumplir sus propias normas mediante su peso económico y su posición en las cadenas de suministro globales, según un análisis publicado el jueves por The Economist. Pekín busca emplear las reglas internacionales para moldear el entorno a su favor, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.
La revista describe esta estrategia como el «brazo largo de China»: un uso cada vez mayor de leyes, tribunales y controles regulatorios que pueden afectar a empresas extranjeras, incluso cuando sus operaciones o acuerdos se desarrollan fuera del territorio chino. Para las multinacionales, el escenario puede implicar quedar sujetas a obligaciones contradictorias entre distintas jurisdicciones.

Un caso reciente citado por el medio involucra a Meta y a Manus, una empresa de inteligencia artificial registrada en Singapur. En abril, China obligó a Meta a abandonar un acuerdo valorado en unos 2.000 millones de dólares para adquirir la start-up. El episodio se produjo junto con nuevas normas chinas orientadas a controlar los flujos de tecnología de inteligencia artificial.
Desde 2021, Pekín también ha aprobado leyes destinadas a impedir que empresas extranjeras cumplan determinadas sanciones de otros países que China considera ilegales. Estas disposiciones pueden colocar a las compañías ante decisiones incompatibles: obedecer medidas impuestas por una jurisdicción puede entrar en conflicto con las exigencias formuladas por las autoridades chinas.
The Economist señala que ignorar resoluciones de tribunales chinos puede tener consecuencias especialmente graves para firmas que dependen del mercado chino o de proveedores situados en el país. La disputa por licencias entre la surcoreana Samsung y la china ZTE ilustra ese riesgo, después de que tribunales británicos y chinos emitieran decisiones diferentes sobre una controversia comercial.
El análisis sitúa el avance de estas medidas en la rivalidad entre Pekín y Washington. China ha acusado repetidamente a Estados Unidos de intervenir en sus asuntos internos y de usar instrumentos económicos y tecnológicos para presionar a empresas y ciudadanos chinos. Pekín también ha calificado a Estados Unidos como «el mayor imperio mundial de piratería informática y vigilancia».
