La decisión de la Ciudad de México de exigir placas, licencia y distintivo a partir del 1 de julio para scooters, bicicletas y motos eléctricas que superen los 25 km/h responde a un proceso de acumulación de incidentes y presiones urbanas que se viene gestando desde hace casi una década. Desde la llegada masiva de estos vehículos alrededor de 2018, impulsada por aplicaciones de renta y por la búsqueda de alternativas al transporte público saturado, las calles de la capital registraron un incremento notable de conflictos entre peatones, ciclistas tradicionales y conductores de automóviles. Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana muestran que los atropellos y colisiones leves que involucran vehículos eléctricos personales crecieron más de 180 % entre 2019 y 2024, aunque la mayor parte de esos eventos no derivó en lesiones graves. Esta tendencia, sumada a la falta de un marco normativo claro, llevó al Congreso de la Ciudad de México a modificar la Constitución local en 2025 para incluir expresamente a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales dentro del régimen de circulación regulado.
Orígenes de la micromovilidad desordenada
El fenómeno no surgió de manera aislada. Tras la pandemia, muchas personas optaron por vehículos eléctricos como solución rápida y económica para trayectos de menos de cinco kilómetros, evitando tanto el metro saturado como los altos costos de la gasolina. Empresas de renta compartida importaron miles de unidades sin que existiera un padrón previo ni requisitos de capacitación para los usuarios. Paralelamente, el comercio electrónico facilitó la adquisición directa de modelos de hasta 1000 watts que, en la práctica, alcanzaban velocidades de 45 km/h o más. Esta combinación generó un parque vehicular invisible para las autoridades hasta que los reportes de incidentes en avenidas como Insurgentes, Reforma y Circuito Interior se volvieron recurrentes. El gobierno capitalino, al igual que ocurrió en su momento con las motocicletas de reparto, optó inicialmente por una postura de laissez-faire que ahora intenta corregir de forma acelerada.
Lecciones de otras ciudades
Experiencias internacionales ofrecen un espejo útil. París decidió en 2023 prohibir los scooters de renta compartida tras un referéndum que reveló el hartazgo ciudadano por los vehículos abandonados en banquetas y el aumento de atropellos. En cambio, ciudades como Barcelona y Ámsterdam optaron por un sistema de registro obligatorio con placas y seguros, similar al que ahora adopta la CDMX. Los datos de Barcelona muestran que, tras dos años de regulación, las quejas por estacionamiento indebido cayeron 62 % y los siniestros viales que involucran estos vehículos se redujeron 35 %. El caso de Ámsterdam resulta aún más ilustrativo: al vincular la placa con un seguro de responsabilidad civil, las aseguradoras comenzaron a ofrecer descuentos a usuarios que completaban cursos de conducción, creando un incentivo económico para la capacitación. Estos ejemplos demuestran que la regulación no necesariamente elimina el uso de vehículos eléctricos, sino que lo encauza hacia prácticas más ordenadas.
Impacto en la seguridad y la cultura vial
Uno de los efectos más inmediatos de la medida será la obligatoriedad del casco y la licencia. Aunque el uso de casco ya estaba recomendado, la ausencia de sanciones permitía que muchos usuarios circularan sin protección. Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública indican que el riesgo de lesión craneal en accidentes con scooters eléctricos es 2.4 veces mayor cuando no se utiliza casco. La exigencia de licencia también introduce un filtro: quienes no aprueben el examen teórico-práctico quedarán excluidos temporalmente, lo que podría reducir la presencia de conductores sin experiencia en vías de alta velocidad. Sin embargo, este mismo requisito plantea desafíos de equidad, pues los trámites y costos asociados podrían desincentivar el uso entre población de menores ingresos que depende de estos vehículos para desplazamientos laborales diarios.
Consecuencias económicas para la industria
El sector de renta y venta de scooters eléctricos enfrentará una transformación estructural. Empresas que operaban bajo el modelo de flotillas compartidas deberán invertir en sistemas de registro masivo y en seguros colectivos, elevando sus costos operativos entre 18 % y 25 % según estimaciones de la Asociación Mexicana de Micromovilidad. Algunos operadores ya anunciaron que retirarán unidades de menor potencia para concentrarse en modelos que cumplan los nuevos límites técnicos. Por otro lado, el mercado de venta directa podría beneficiarse: fabricantes que ofrezcan paquetes que incluyan placa, tarjeta de circulación y curso de inducción ganarán ventaja competitiva. A largo plazo, la regulación podría favorecer la profesionalización del sector y la aparición de nuevos servicios de mantenimiento y certificación, aunque también podría concentrar el mercado en manos de las empresas con mayor capacidad financiera.
Efectos en la planeación urbana y el medio ambiente
Más allá de la seguridad inmediata, la medida influye en la forma en que la ciudad concibe el espacio público. La necesidad de emplacar vehículos eléctricos obliga a las autoridades a definir dónde pueden circular y estacionarse legalmente, lo que podría traducirse en la creación de zonas específicas o en la ampliación de ciclovías. Esta redefinición del espacio tiene implicaciones ambientales positivas si logra desplazar viajes cortos en automóvil, pero también riesgos: si el costo total de propiedad y operación se eleva demasiado, parte de la demanda podría regresar a vehículos de combustión interna. El balance dependerá de la velocidad con que se implementen incentivos complementarios, como descuentos en el impuesto sobre tenencia para vehículos eléctricos registrados o la instalación de estaciones de carga en puntos estratégicos.
Perspectivas de largo plazo
La regulación de 2026 no representa un punto final, sino el inicio de un proceso de ajuste continuo. En los próximos años será necesario evaluar si el padrón de vehículos eléctricos permite una fiscalización efectiva o si surgen mercados informales de placas y licencias. También será relevante observar cómo evoluciona la siniestralidad una vez que las multas comiencen a aplicarse de manera generalizada a partir de noviembre. Si el modelo demuestra resultados positivos en reducción de incidentes sin sacrificar la accesibilidad, podría servir de referencia para otras entidades del país que enfrentan problemas similares. En última instancia, el éxito de la medida dependerá de que la autoridad combine la exigencia de requisitos con infraestructura adecuada y campañas de educación vial sostenidas, evitando que la regulación se convierta en un obstáculo que desplace nuevamente a los usuarios hacia opciones menos sostenibles.
