El Gobierno de la Ciudad de México reconoció que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cometieron excesos durante la contención de una manifestación de colectivos de personas buscadoras el 30 de junio en Calzada de Tlalpan. La administración capitalina anunció una investigación interna a cargo de las direcciones de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, con el compromiso de aplicar las sanciones que correspondan y de reforzar la capacitación en protocolos de actuación.
La protesta, integrada principalmente por madres y familiares de personas desaparecidas, se desarrolló horas antes del partido entre México y Ecuador. Los manifestantes buscaban visibilizar la crisis nacional de desapariciones, que según datos oficiales supera las 135 mil personas no localizadas. El operativo policial pretendía evitar el bloqueo completo de la vialidad, pero derivó en empujones, encapsulamiento y agresiones físicas denunciadas por las participantes.
Secuencia de los hechos
Around mediodía, los colectivos avanzaron por Calzada de Tlalpan a la altura de Avenida Ermita. La SSC desplegó una línea de contención para mantener abiertos algunos carriles. El roce entre manifestantes y policías generó fricciones que, según testimonios de las buscadoras, incluyeron golpes, amenazas y el uso desproporcionado de la fuerza. Integrantes del contingente policial reportaron personas con lesiones leves, mientras que las madres exigieron la destitución inmediata de los mandos responsables y una disculpa pública del titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.
Tras el diálogo con los colectivos, los uniformados se retiraron poco antes de la una de la tarde, permitiendo que la marcha continuara por los carriles centrales durante más de tres horas. La SSC admitió que la línea de contención generó “algunas fricciones” y ordenó revisar la actuación de cada elemento para determinar si se apartó de los protocolos establecidos.
Respuesta institucional y compromisos
El secretario de Seguridad Ciudadana aclaró que nunca existió instrucción para limitar la libertad de expresión o de manifestación. Vázquez Camacho sostuvo que el operativo respondía exclusivamente a la necesidad de mantener fluidez vehicular en una zona de alta carga antes de un evento deportivo masivo. Aun así, la dependencia instruyó a las áreas correspondientes para que realicen una investigación a profundidad y presenten resultados en los próximos días.
El Gobierno local reiteró su disposición a establecer mesas de diálogo permanentes dentro del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Estas instancias buscarán escuchar de primera mano las demandas de los colectivos y revisar los procedimientos operativos para evitar que episodios similares se repitan. Además, se anunció el fortalecimiento de los programas de capacitación en derechos humanos dirigidos a los elementos policiales.
Contexto de la crisis de desapariciones
Las cifras oficiales de personas no localizadas en México superan las 135 mil, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes en varias entidades del país. Los colectivos de buscadoras han mantenido una presencia constante en la vía pública para exigir avances en las investigaciones y mayor coordinación entre autoridades federales y locales. La manifestación del 30 de junio se inscribe en esta estrategia de visibilización, que suele intensificarse en torno a eventos de alto perfil mediático.
La respuesta de las autoridades capitalinas pone de relieve la tensión estructural entre el derecho a la protesta y la obligación de garantizar la movilidad urbana. Cuando los protocolos de contención no se aplican con la debida proporcionalidad, el riesgo de vulnerar derechos fundamentales aumenta, especialmente en contextos donde los manifestantes pertenecen a grupos históricamente expuestos a la violencia institucional.
Perspectivas de seguimiento
La reunión anunciada entre la SSC y las madres buscadoras en los próximos días constituirá un primer paso para evaluar la efectividad de las medidas correctivas. La credibilidad de la investigación interna dependerá de la transparencia con la que se difundan sus resultados y de la aplicación efectiva de sanciones cuando se acrediten irregularidades. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los canales de diálogo puede contribuir a reducir la conflictividad en futuras movilizaciones.
El caso ilustra la necesidad de revisar los criterios de despliegue policial en protestas vinculadas a derechos humanos. Una actuación más sensible a las características de estos colectivos podría evitar fricciones innecesarias y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar tanto el orden público como el respeto a las libertades fundamentales.
