A partir de las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las bicicletas eléctricas y scooters que superen los 25 km/h o los 35 kg de peso deberán registrarse oficialmente y portar placas de circulación. La medida introduce la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y busca ordenar un segmento que ha crecido sin control durante los últimos años.
La regulación establece que estos vehículos, al igual que las motocicletas, requerirán licencia de conducir tipo A, tarjeta de circulación y seguro de responsabilidad civil. Su circulación quedará restringida al arroyo vehicular, quedando prohibido su uso en banquetas y ciclovías tradicionales. La Secretaría de Movilidad argumenta que la norma responde a la necesidad de reducir conflictos entre usuarios de diferentes velocidades y proteger a peatones y ciclistas convencionales.
Clasificación técnica y requisitos
Los vehículos que excedan los 25 km/h o los 35 kg entran en la nueva categoría VEMEPE. Sus usuarios deberán ser mayores de 18 años, contar con licencia A1 o A2 y mantener vigente un seguro que cubra daños a terceros. El incumplimiento puede generar multas de hasta tres mil pesos. Por el contrario, las unidades que se mantengan por debajo de esos límites no requerirán placas ni licencia, aunque se recomienda el uso de casco.
Esta distinción técnica busca evitar que vehículos de alta potencia sigan invadiendo espacios diseñados para desplazamientos más lentos. En los últimos años, la presencia de scooters y bicicletas eléctricas potentes en ciclovías ha generado quejas recurrentes de ciclistas tradicionales y peatones, quienes reportan situaciones de riesgo por diferencias de velocidad superiores a 15 km/h.
Contexto de la movilidad urbana
La Ciudad de México cuenta con más de 200 kilómetros de ciclovías y una red de transporte no motorizado que ha crecido de forma acelerada desde 2019. Sin embargo, el aumento de dispositivos eléctricos de mayor potencia ha erosionado la funcionalidad de esos espacios. Datos de la propia Semovi indican que los incidentes reportados en ciclovías que involucran vehículos eléctricos se incrementaron en un 38 % entre 2022 y 2025.
La nueva norma también prohíbe la circulación de estos vehículos en vialidades con límite de velocidad superior a 50 km/h, reconociendo que su diseño no ofrece la protección estructural de una motocicleta. Esta restricción responde a observaciones de organismos de seguridad vial que han documentado mayor letalidad cuando un usuario de scooter eléctrico colisiona con vehículos motorizados a alta velocidad.
Impacto esperado y desafíos de implementación
Las autoridades anticipan que la regulación permitirá recuperar el carácter exclusivo de las ciclovías y banquetas para usuarios vulnerables. Al mismo tiempo, se espera que el registro obligatorio facilite la identificación de vehículos involucrados en incidentes, algo que hasta ahora resultaba difícil debido a la ausencia de placas. No obstante, organizaciones de usuarios han señalado que el costo de la licencia, el seguro y las placas podría desplazar a parte de los repartidores que dependen de estos vehículos para su sustento.
Especialistas en movilidad urbana observan que la efectividad de la medida dependerá de la capacidad de fiscalización. La experiencia de otras ciudades latinoamericanas muestra que, sin operativos constantes y campañas de información, las normas técnicas tienden a aplicarse de forma irregular. En el caso de la Ciudad de México, la Semovi tendrá que coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para verificar el cumplimiento en vía pública.
La regulación también plantea preguntas sobre el futuro del micromovilidad compartida. Varias empresas de scooters en renta operan actualmente en la capital y deberán adaptar sus flotas o restringir el uso de unidades de mayor potencia. Mientras tanto, los fabricantes locales ya evalúan modificar especificaciones técnicas para mantener sus productos dentro del segmento exento de registro.
El equilibrio entre seguridad, accesibilidad y ordenamiento del espacio público sigue siendo el principal reto. La norma establece un marco más claro, pero su éxito dependerá de la combinación de vigilancia efectiva, educación vial y ajustes graduales que eviten excluir a sectores que han adoptado estos vehículos por razones económicas y prácticas.
