El primer ministro de Canadá, Mark Carney, endureció este martes su respuesta a la nueva ofensiva pública de la administración de Donald Trump y advirtió que Ottawa no retomará las conversaciones comerciales mientras Washington mantenga una estrategia basada en provocaciones, burlas y exigencias que, según el gobierno canadiense, amenazan la supervivencia de sectores industriales clave.
“Cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar pullas y de intentar hacerse los duros, y empiecen a tomarse en serio la posibilidad de mantener esas conversaciones, podremos tener esas conversaciones”, afirmó Carney. El mensaje llegó después de varios días de ataques procedentes de Estados Unidos y de que las negociaciones bilaterales colapsaran el 21 de agosto sin un acuerdo.
Una disputa que pasó de los aranceles a la soberanía
Carney sostuvo que Canadá está dispuesto a dialogar, pero no a aceptar un pacto que reduzca su margen de decisión económica o política. A su juicio, las condiciones planteadas por Washington podrían convertir a empresas canadienses en subsidiarias de compañías estadounidenses o dejar a industrias enteras “desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas”.
“No lo haremos; por supuesto, no vamos a aceptar esas condiciones”, declaró el primer ministro. También acusó a Estados Unidos de buscar un acuerdo “no competitivo” para sectores como el automotriz, en lugar de establecer reglas que permitan a ambas economías operar con mayor certidumbre dentro de una relación comercial profundamente integrada.
El desacuerdo no se limita a los aranceles. Carney afirmó que Washington también ha presionado para modificar disposiciones relacionadas con la protección del idioma francés y la cultura canadiense. Según su planteamiento, cualquiera de esos asuntos sería suficiente para bloquear un entendimiento, porque afectan ámbitos que Ottawa considera vinculados a su identidad nacional y a sus competencias internas.
El primer ministro rechazó además cualquier intento de limitar los futuros acuerdos comerciales de Canadá. “Canadá es un Estado soberano. Cerraremos acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos cerrar acuerdos de libre comercio”, aseguró. La declaración apunta a una diferencia de fondo: para Ottawa, el conflicto no solo define el acceso a los mercados, sino también el derecho del país a decidir de manera independiente sus alianzas económicas.
La escalada retórica desde Washington
Las declaraciones de Carney se produjeron después de una nueva serie de mensajes hostiles desde Estados Unidos. Trump decidió referirse al lago Ontario como “lago Estados Unidos” y difundió en redes sociales contenidos de burla contra Canadá. El gesto, aunque simbólico, se suma a una retórica que el gobierno canadiense interpreta como una presión política adicional en medio del enfrentamiento comercial.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que Canadá no podía responder “ojo por ojo” frente a una economía aproximadamente 13 veces mayor. La comparación busca subrayar la asimetría entre los dos países, pero también evidencia el riesgo de que la negociación quede condicionada por el peso económico de Estados Unidos y no únicamente por los compromisos incluidos en un eventual acuerdo.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervino igualmente en la disputa. El lunes publicó en internet una imagen de dos cadetes mujeres en un centro de entrenamiento de Columbia Británica, acompañada de las palabras “esto es real” y de una bandera canadiense. Carney calificó la publicación de “indigna de su cargo”. El Pentágono respaldó el martes el mensaje con una respuesta breve: “La publicación en X habla por sí sola”.
Aranceles y represalias elevan el costo de la ruptura
La confrontación política ya tiene consecuencias comerciales concretas. Tras el fracaso de las conversaciones, Trump impuso aranceles del 50 por ciento a bienes canadienses valorados en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Canadá, por su parte, prepara gravámenes de represalia sobre una cantidad similar de productos estadounidenses, con tasas de entre 15 y 50 por ciento, cuya entrada en vigor está prevista para el 8 de septiembre.
La proximidad de esa fecha reduce el margen para una salida negociada y aumenta la presión sobre empresas que dependen de cadenas de suministro transfronterizas. En sectores como el automotriz, donde componentes y vehículos cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor, los aranceles pueden elevar costos, alterar decisiones de inversión y trasladar parte del impacto a productores y compradores de ambos países.
Carney reconoció que antes del colapso había elementos “mutuamente beneficiosos” en las conversaciones. Esa observación deja abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento, pero bajo condiciones distintas: Canadá exige que se abandone la política de intimidación pública y que cualquier acuerdo preserve la capacidad del país para proteger sus industrias, su cultura y sus vínculos comerciales con terceros.
El respaldo electoral fortalece la posición de Ottawa
El primer ministro llega a esta disputa con un respaldo político reforzado. Los liberales obtuvieron el lunes una victoria amplia en tres elecciones especiales, incluida una contundente en Chicoutimi-Le Fjord, en Quebec, donde los conservadores terminaron en tercer lugar. Con esos resultados, el Partido Liberal alcanzó 173 de los 343 escaños de la Cámara de los Comunes.
La nueva aritmética parlamentaria no elimina los riesgos económicos de una guerra comercial, pero ofrece a Carney mayor margen interno para resistir las demandas estadounidenses. El resultado también le permite presentar la defensa de la soberanía canadiense como una prioridad respaldada en las urnas, en un momento en que Trump ha hablado repetidamente de convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos.
La disputa, por tanto, se desarrolla en dos planos. En el económico, la amenaza inmediata es el aumento de costos y la interrupción de intercambios esenciales. En el político, Ottawa busca impedir que la diferencia de tamaño entre ambos países se transforme en capacidad de veto sobre sus decisiones nacionales. La eventual reanudación del diálogo dependerá de que ambas partes encuentren un punto de equilibrio entre la presión arancelaria estadounidense y la negativa canadiense a negociar bajo condiciones que considera incompatibles con su soberanía.
