La Legislatura de California envió al gobernador Gavin Newsom dos proyectos de ley que podrían modificar de manera significativa la forma en que los colegios comunitarios autorizan nuevas licenciaturas. Las iniciativas, aprobadas tras años de debate entre los distintos segmentos de la educación superior pública, reemplazarían el límite anual vigente por un sistema basado en la necesidad laboral regional y en los resultados académicos de cada institución.
Si Newsom las promulga, las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de enero de 2028. El gobernador aún no ha anticipado cuál será su decisión. Su postura será determinante para definir hasta dónde puede extenderse la oferta de títulos de cuatro años en instituciones tradicionalmente enfocadas en títulos asociados, certificados profesionales y rutas de transferencia hacia universidades.
Del límite numérico a la demanda regional
La legislación actual permite crear hasta 30 nuevos programas de licenciatura por año en los colegios comunitarios, siempre que no dupliquen las carreras ofrecidas por la California State University (CSU), la University of California (UC) o instituciones privadas de cuatro años. Bajo ese esquema ya se han aprobado más de 60 programas en áreas como cuidados respiratorios, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos, según el diario Los Angeles Times.
El proyecto SB 960, impulsado por el senador demócrata Christopher Cabaldon, de West Sacramento, y el AB 2694, presentado por los asambleístas demócratas David Alvarez, de San Diego, y Blanca Pacheco, de Downey, modificarían ese marco. En lugar de limitar principalmente el número de autorizaciones, las propuestas permitirían evaluar si existe una necesidad concreta de formación profesional en una determinada zona y si el colegio comunitario cuenta con capacidad para ofrecer el programa.
Las medidas también abrirían una excepción a la regla contra la duplicación de carreras. Un colegio comunitario podría ofrecer una licenciatura similar a otra de un campus cercano de la CSU cuando los estudiantes locales enfrenten durante años un acceso restringido a ese programa. La misma posibilidad existiría si las autoridades laborales estatales identifican una escasez de trabajadores que la oferta universitaria disponible no logra cubrir.
Una expansión condicionada por el desempeño
Los proyectos no plantean una expansión uniforme para todos los colegios comunitarios. Las instituciones con mejores indicadores de graduación y transferencia de estudiantes podrían abrir más licenciaturas que aquellas con resultados académicos inferiores. Esa fórmula vincula el crecimiento de la oferta con la capacidad demostrada para acompañar a los estudiantes hasta la obtención del título.
El criterio busca responder a dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, muchos adultos que trabajan, padres, cuidadores y estudiantes universitarios de primera generación no pueden mudarse ni recorrer largas distancias para asistir a una universidad de cuatro años. Por otro, ampliar programas sin considerar la calidad institucional podría producir carreras con bajas tasas de finalización y un uso ineficiente de recursos públicos.
La ubicación de los campus es central en este debate. Los colegios comunitarios suelen estar más cerca de los hogares de los estudiantes y tienen costos de matrícula inferiores a los de las universidades de cuatro años. Para los alumnos arraigados en sus comunidades, esa combinación puede convertir una licenciatura que antes resultaba inaccesible en una opción viable. Sin embargo, el acceso geográfico por sí solo no garantiza que exista una demanda laboral sostenible ni que el programa mantenga estándares académicos suficientes.
El cambio en la posición de CSU y UC
La California State University se había opuesto a intentos anteriores de ampliar las licenciaturas en los colegios comunitarios. Su principal preocupación era que los programas de menor costo atrajeran a estudiantes que, en otras circunstancias, se matricularían en sus campus. La disputa no solo involucraba competencia por alumnos, sino también la distribución de funciones y recursos dentro del sistema público de educación superior.
CSU otorga más licenciaturas que la UC, por lo que el impacto de las propuestas recaería principalmente sobre sus programas. La UC concentra una proporción mayor de las maestrías y los doctorados estatales y, en general, cumple una función distinta dentro del sistema. Tras participar en las negociaciones legislativas, CSU abandonó su oposición y respaldó un marco que considera admisible la duplicación cuando exista una necesidad laboral clara y los estudiantes locales no tengan un acceso razonable a los programas universitarios de su región.
La UC también retiró formalmente su oposición al AB 2694 el 28 de agosto, después de un acuerdo entre Alvarez y Cabaldon, aunque no adoptó una posición sobre el SB 960. La universidad planteó que las reformas deberían coordinarse con una actualización del Plan Maestro de Educación Superior, diseñado en la década de 1960. Según la institución, hoy la UC matricula a más de seis veces el número de estudiantes que tenía cuando ese marco fue aprobado.
La decisión pendiente del gobernador
Las reservas de las universidades se intensificaron durante las versiones anteriores de los proyectos, ante el temor de que se autorizaran “miles” de nuevas licenciaturas sin un control suficiente. El acuerdo alcanzado en la Legislatura parece haber reducido ese riesgo al introducir filtros vinculados con la demanda laboral, el acceso regional y el desempeño de los colegios comunitarios. Aun así, la aplicación práctica dependerá de cómo se definan esos indicadores y de qué organismos determinen cuándo existe una escasez de trabajadores.
Newsom ya vetó desde 2024 varios intentos de permitir que los colegios comunitarios ofrecieran licenciaturas en enfermería. En esas decisiones advirtió que una expansión sin coordinación podía generar conflictos entre los tres sistemas públicos de educación superior. El nuevo paquete legislativo llega, por tanto, después de una negociación destinada a preservar la división institucional existente, pero adaptándola a un mercado laboral y a una población estudiantil distintos.
La eventual aprobación no transformaría automáticamente a los colegios comunitarios en sustitutos de las universidades estatales. Su alcance dependería de programas específicos, necesidades locales verificables y resultados institucionales. El debate de fondo consiste en determinar si el sistema puede ampliar las oportunidades de obtener una licenciatura sin perder coordinación, calidad ni claridad en las responsabilidades de cada segmento. Para sus promotores, la reforma permitiría que la educación superior responda mejor a estudiantes que no pueden desplazarse. Para sus críticos, el desafío será demostrar que una oferta más amplia también puede ser académicamente sólida y laboralmente pertinente.
