El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó el jueves un proyecto para promover la salida que define como “voluntaria” de hasta 1.86 millones de palestinos de la Franja de Gaza durante los próximos siete años. La iniciativa, denominada “Desconexión 710”, plantea la creación de una estructura estatal dedicada a gestionar traslados, negociar con países receptores y financiar la instalación de quienes abandonen el enclave.
El anuncio sitúa la cuestión migratoria en el centro del debate sobre el futuro de Gaza, un territorio sometido a una crisis humanitaria, daños masivos en infraestructura y una prolongada incertidumbre política y de seguridad. Aunque Ben Gvir presenta el plan como una alternativa basada en decisiones individuales, su viabilidad dependería de la disposición efectiva de otros Estados a recibir población palestina, así como de garantías sobre derechos, documentación y condiciones de retorno.
Metas escalonadas y una nueva oficina gubernamental
Según los detalles divulgados por el ministro, la propuesta fija una meta de 250 mil salidas en el primer año. El objetivo aumentaría a 1.11 millones de personas al término del tercer año y alcanzaría 1.86 millones al concluir el séptimo. Esa última cifra equivale a una parte muy significativa de la población gazatí, por lo que el proyecto tendría implicaciones demográficas, territoriales y políticas de gran alcance.
El plan contempla una oficina gubernamental específica para centralizar los procedimientos. Entre sus funciones estarían la apertura de expedientes individuales, la coordinación de rutas migratorias reguladas, la tramitación de autorizaciones y el seguimiento de los acuerdos con los países de destino. Ben Gvir indicó que cada salida requeriría el aval previo de un Estado receptor, un criterio que busca evitar traslados sin un marco formal de admisión.
Los doce principios citados por el ministro incluyen la prioridad para familias completas, una medida orientada a reducir separaciones familiares durante el proceso. También prevén modalidades diferenciadas de migración, lo que podría abarcar traslados por razones laborales, reunificación familiar u otros mecanismos definidos mediante acuerdos bilaterales. Sin embargo, no se hicieron públicos países concretos que hayan aceptado participar ni un calendario de negociaciones internacionales.
Coste previsto y dependencia de socios externos
Ben Gvir calculó una inversión inicial de 10 mil millones de séqueles para poner en marcha el programa. El monto podría elevarse hasta 50 mil millones de séqueles si se concreta financiamiento adicional con participación internacional y convenios con Estados receptores. El diseño económico incluye ayudas para los emigrantes durante sus primeros 24 meses fuera de Gaza y compensaciones dirigidas a terceros países que acepten acogerlos.
La dimensión financiera revela uno de los principales desafíos de la propuesta. La asistencia inicial podría facilitar la salida de familias que han perdido viviendas, empleo o redes de apoyo durante la guerra, pero no resuelve por sí sola la sostenibilidad de la integración en los países de destino. Educación, salud, vivienda, permisos de trabajo y estatuto migratorio exigirían compromisos duraderos de los gobiernos receptores, no sólo incentivos de corto plazo.
La posibilidad de una aportación internacional añade otra capa de incertidumbre. Los donantes y organismos multilaterales suelen vincular su participación a condiciones políticas, humanitarias y legales, especialmente en un conflicto donde el desplazamiento de civiles es objeto de escrutinio internacional. La ausencia de acuerdos anunciados limita, por ahora, la capacidad de evaluar si las metas planteadas pueden traducirse en un mecanismo operativo.
El debate sobre el carácter voluntario de las salidas
El ministro sostuvo que encuestas citadas por él reflejan respaldo mayoritario dentro de Israel y disposición de parte de los habitantes de Gaza a emigrar de manera permanente. No obstante, los resultados, la metodología y el universo de esas mediciones no fueron detallados en la presentación. En un contexto de guerra, destrucción y restricciones de movimiento, la evaluación de una decisión verdaderamente voluntaria adquiere especial relevancia.
Las normas internacionales prohíben el traslado forzoso de población civil desde territorios ocupados, salvo excepciones estrictamente temporales vinculadas a la seguridad de las personas o a necesidades militares imperativas. Organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional han advertido en debates previos sobre Gaza que los planes de reubicación deben examinarse a la luz de esas obligaciones, además del derecho de los palestinos a permanecer en su tierra y a regresar a sus hogares.
El uso de incentivos económicos tampoco elimina automáticamente esas preocupaciones. Para que una salida sea considerada una opción libre, deben existir condiciones en las que las personas puedan decidir sin coerción directa o indirecta, con información suficiente, garantías de seguridad y alternativas reales para permanecer. La situación de escasez, desplazamiento interno y deterioro de los servicios básicos en Gaza hace que esa distinción sea especialmente sensible.
Una propuesta con efectos sobre el futuro político de Gaza
“Desconexión 710” se presenta como un esquema administrativo y financiero, pero su alcance rebasa la gestión migratoria. Una reducción de esta magnitud en la población de Gaza alteraría el debate sobre la reconstrucción del territorio, su gobernanza posterior a la guerra y cualquier perspectiva de solución política entre israelíes y palestinos. También podría afectar la composición social de las comunidades palestinas y la capacidad de recuperación económica del enclave.
Por el momento, el proyecto depende de decisiones que no están exclusivamente en manos del Gobierno israelí: la aceptación de países receptores, la disponibilidad de recursos internacionales, los requisitos legales aplicables y, sobre todo, la voluntad individual de los potenciales emigrantes. La presentación de Ben Gvir abre así una nueva controversia política, mientras persisten las preguntas sobre cómo se garantizarían los derechos de quienes se marchen y de quienes decidan permanecer en Gaza.
