La Auditoría Superior de la Federación identificó la necesidad de mayor claridad en la distribución de 27 mil 212 millones de pesos de origen federal que el Gobierno de la Ciudad de México transfirió a las alcaldías durante 2025. El informe de la Cuenta Pública correspondiente a ese ejercicio detalla que se fiscalizaron los recursos de participaciones federales y se emitieron nueve resultados. Cinco de ellos no registraron irregularidades, mientras que los cuatro restantes fueron solventados por la administración local antes de la publicación del documento final.
Aunque la ASF formuló una recomendación explícita sobre transparencia en los criterios de asignación, la capital ya había puesto en marcha mecanismos correctivos durante el propio proceso de auditoría. Esta secuencia de hechos revela tanto la existencia de áreas grises en la gestión de recursos como la capacidad de respuesta institucional una vez activados los controles externos.
Criterios de distribución y opacidad persistente
El monto auditado representa una porción significativa del presupuesto que las alcaldías reciben anualmente para servicios básicos, obra pública y programas sociales. La recomendación de la ASF se centra en la ausencia de reglas claras y públicas que justifiquen por qué ciertas demarcaciones obtienen montos superiores a otras con características demográficas similares. Esta falta de criterios explícitos dificulta que los ciudadanos y los propios alcaldes evalúen si la distribución responde a necesidades objetivas o a negociaciones políticas.
Un análisis comparativo de ejercicios anteriores muestra que, en 2023 y 2024, las diferencias entre las alcaldías con mayor y menor asignación per cápita superaron el 35 por ciento. Sin embargo, los indicadores de marginación o densidad poblacional no explican por completo esas brechas. La ausencia de una matriz de ponderación pública permite interpretaciones discrecionales que, aunque no necesariamente ilegales, erosionan la confianza institucional.
Efectos sobre la planeación municipal y los servicios locales
Las alcaldías dependen de estos recursos para cubrir hasta el 60 por ciento de su gasto operativo en varias demarcaciones del sur y oriente de la ciudad. Cuando los criterios de asignación carecen de predictibilidad, los gobiernos locales enfrentan dificultades para elaborar presupuestos plurianuales o comprometer obras de mediano plazo. El resultado práctico es una mayor dependencia de transferencias extraordinarias y una menor capacidad de respuesta ante emergencias locales.
Alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que concentran índices elevados de necesidad, han reportado en años recientes retrasos en proyectos de drenaje y pavimentación precisamente por la incertidumbre sobre el monto definitivo que recibirían. Esta dinámica afecta directamente la calidad de los servicios que perciben millones de habitantes y genera un efecto de inercia administrativa que se traduce en obra inconclusa o contratada con sobreprecios por falta de planeación.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el Gobierno central de la Ciudad de México se argumenta que los mecanismos de distribución ya contemplan variables como población, rezago social y capacidad de recaudación local. Funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas sostienen que la auditoría no detectó desvíos y que las observaciones fueron atendidas de inmediato. Esta postura enfatiza la eficiencia operativa por encima de la publicación detallada de fórmulas.
Los alcaldes, en cambio, expresan posiciones divergentes. Algunos de oposición demandan la publicación inmediata de la metodología completa, mientras que otros afines al gobierno local prefieren mantener márgenes de negociación para obtener recursos adicionales en función de proyectos específicos. Esta división refleja tanto diferencias partidistas como tensiones estructurales entre el centro y las demarcaciones territoriales.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en finanzas públicas coinciden en que la transparencia no solo es un requisito normativo, sino una condición para mejorar la rendición de cuentas. Señalan que la disponibilidad de datos desagregados permitiría realizar análisis independientes y detectar posibles sesgos antes de que se conviertan en irregularidades.
Riesgos estructurales y tendencias hacia 2027
Si persiste la opacidad en los criterios, el principal riesgo es el incremento de litigios entre alcaldías y el gobierno central, así como una mayor fragmentación del gasto público. En escenarios de alternancia política, esta falta de reglas claras podría traducirse en represalias presupuestarias o en negociaciones clientelares que debiliten aún más la cohesión metropolitana.
De cara al siguiente ejercicio fiscal, la tendencia apunta hacia una mayor exigencia de información por parte de los órganos fiscalizadores y de los propios ciudadanos. La digitalización de los procesos presupuestarios y la obligación de publicar matrices de asignación en portales abiertos podrían convertirse en estándares mínimos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de que existan sanciones concretas por incumplimiento y de que los datos sean lo suficientemente granulares para permitir verificaciones cruzadas.
El caso de la Ciudad de México ilustra un patrón más amplio en el federalismo mexicano: la tensión entre la necesidad de flexibilidad para atender realidades locales y la exigencia de reglas transparentes que eviten discrecionalidad. La recomendación de la ASF, aunque solventada en lo inmediato, deja abierta la pregunta sobre si las reformas internas serán suficientes o si se requerirá una modificación al marco normativo de las participaciones federales para garantizar mayor certidumbre y equidad en el mediano plazo.
