El asesinato de James Flor y de su esposa, la lideresa comunitaria e indígena María Ovidia Palechor, en zona rural de Cajibío, Cauca, volvió a poner en primer plano la situación de riesgo que enfrentan las organizaciones sociales en el departamento. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el doble homicidio ocurrió el 1 de septiembre de 2026 y señaló que, con este caso, asciende a 103 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante el año, según su registro.
De acuerdo con las versiones preliminares divulgadas por la organización, hombres armados llegaron a la vivienda de la pareja y dispararon contra ambos. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha informado públicamente la identidad de los responsables. Las circunstancias del ataque, así como los posibles móviles y autores intelectuales, continúan bajo investigación de las autoridades competentes.
Trayectorias ligadas a la organización comunitaria
James Flor integraba la Mesa de Víctimas de Cajibío y desarrollaba labores orientadas al bienestar y al desarrollo social en su comunidad. La representante a la Cámara Aida Quilcué indicó que Flor realizaba actividades sociales y de defensa de derechos humanos en el corregimiento de La Pedregosa, una zona rural del municipio. Su asesinato, junto con el de Palechor, afectó a redes comunitarias que cumplen funciones de representación y acompañamiento en territorios donde el acceso institucional suele ser limitado.
María Ovidia Palechor fue recordada por dirigentes políticos y organizaciones sociales como defensora de derechos humanos y lideresa indígena del Cauca. Quilcué sostuvo que compartió con ella procesos organizativos vinculados a la defensa de las comunidades y la describió como una “mujer de lucha”. El senador Iván Cepeda afirmó, por su parte, que Palechor y Flor ejercían liderazgos indígenas relacionados con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y añadió que ella participaba en el Pacto Histórico y en el movimiento Vamos por los Derechos.
La relevancia del caso no se limita a la condición individual de las víctimas. Los liderazgos comunitarios suelen mediar en conflictos locales, representar a víctimas, defender derechos colectivos y participar en iniciativas de protección territorial. Cuando esas figuras son atacadas, el impacto se extiende a familias, asociaciones y comunidades que pierden interlocutores clave, al tiempo que se profundizan los temores sobre la continuidad de su trabajo organizativo.
Un municipio bajo advertencias de riesgo
Indepaz relacionó el doble homicidio con un escenario de violencia persistente en Cajibío. La entidad recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgos para la población mediante la Alerta Temprana 007 de 2023 y el informe de seguimiento 008 de 2026. Esos documentos identificaron afectaciones a los derechos humanos asociadas, entre otros factores, al control territorial atribuido a la estructura disidente Frente Jaime Martínez.
Según Indepaz, en el municipio también se ha reportado tránsito de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, integrados al denominado Bloque Occidental, además de la presencia de bandas locales. La coexistencia o movilidad de distintos actores armados incrementa la presión sobre comunidades campesinas e indígenas, particularmente en áreas rurales donde las disputas por corredores, economías ilegales y control social pueden trasladarse a la vida cotidiana de la población.
Las alertas tempranas no constituyen por sí mismas una atribución de responsabilidad penal por hechos concretos. Sin embargo, sí son instrumentos de prevención que permiten identificar patrones de amenaza y solicitar medidas de protección. Por ello, el avance de la investigación deberá establecer si existían riesgos específicos contra Flor y Palechor, si habían sido reportados previamente y qué respuesta institucional se activó frente a las advertencias existentes en el territorio.
Reacciones políticas y exigencia de esclarecimiento
El expresidente Gustavo Petro afirmó en una publicación en X que las víctimas eran militantes del Pacto Histórico y personas cercanas a él. En su mensaje, interpretó los homicidios como parte de la configuración de un “nuevo paramilitarismo” en la zona y anunció su intención de promover una denuncia ante la Corte Penal Internacional por lo que calificó como una persecución contra un sector civil con identidad política. Esas afirmaciones expresan una lectura política del crimen, pero no reemplazan las conclusiones que deberán producir los organismos investigadores.
Quilcué pidió una investigación exhaustiva y sostuvo que el asesinato de la pareja no debe ser tratado como un episodio aislado. La congresista vinculó el hecho con lo que consideró un intento de exterminio físico y cultural de pueblos y comunidades. Cepeda también exigió el esclarecimiento del doble homicidio, la captura de quienes participaron en su planeación y ejecución, y expresó solidaridad con los familiares, las comunidades indígenas y el Cric.
Indepaz, a su vez, exigió justicia y garantías para quienes continúan defendiendo la vida en los territorios. La demanda central tras el crimen es doble: determinar con rigor quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque, y reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos hechos. En un departamento marcado por la persistencia de actores armados y por reiteradas advertencias humanitarias, el resultado de la investigación será determinante para medir la capacidad estatal de proteger a quienes ejercen liderazgo social en las zonas rurales.
