El Tribunal Supremo ha abierto una nueva investigación contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por presuntos desórdenes públicos vinculados a publicaciones en Telegram durante las protestas agrícolas de 2024. Esta sexta causa penal se suma a un historial judicial que ya incluye acusaciones por financiamiento ilegal, revelación de secretos y amenazas. Para comprender el alcance de esta decisión, resulta necesario examinar el contexto en el que se produjeron las movilizaciones del sector primario y la evolución de las actividades políticas de Alvise en redes sociales.
Las protestas agrícolas que comenzaron en enero de 2024 respondieron a una acumulación de tensiones derivadas de la política agraria común europea, el aumento de costes energéticos y las exigencias medioambientales impuestas por el Pacto Verde. En España, las tractoradas bloquearon carreteras y accesos a puertos y centros logísticos en varias comunidades autónomas. Alvise, a través de su canal de Telegram, difundió mensajes que instaban a la ocupación de vías y a la coordinación colectiva para maximizar el impacto de las movilizaciones. El Supremo considera que estos llamamientos superan el umbral de la crítica política y entran en el terreno de la incitación directa a conductas que pueden alterar gravemente el orden público.
Antecedentes de las movilizaciones agrarias
El origen de las protestas se remonta a las negociaciones de la reforma de la PAC 2023-2027 y a la percepción de que las nuevas normas medioambientales penalizaban a los pequeños y medianos productores sin compensaciones suficientes. En regiones como Castilla y León, Andalucía y Valencia, las organizaciones agrarias tradicionales se vieron desbordadas por un movimiento más espontáneo y radicalizado que utilizó Telegram y otras plataformas para coordinarse. Alvise, que ya contaba con una audiencia significativa entre sectores descontentos con las políticas del Gobierno, amplificó consignas que vinculaban las reivindicaciones agrarias con una crítica más amplia al sistema institucional. Esta convergencia entre discurso político y convocatoria de acciones concretas es precisamente lo que la Sala Segunda del Supremo ha considerado relevante para abrir diligencias.
Trayectoria judicial previa de Alvise
Antes de esta investigación, el eurodiputado ya enfrentaba cinco procedimientos penales. Uno de ellos investiga la difusión de una PCR supuestamente falsa del entonces ministro Salvador Illa. Otro examina mensajes dirigidos contra la fiscal de delitos de odio de Valencia. El más complejo analiza posibles delitos de financiación ilegal, estafa y blanqueo relacionados con 100.000 euros recibidos durante la campaña de las elecciones europeas de 2024. Una cuarta causa se refiere a la revelación de datos de dos antiguos compañeros de lista, y la quinta investiga una querella por amenazas presentada por el alcalde de Algeciras. En dos de estos procedimientos el Supremo ya ha solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo, lo que indica que la institución considera que existen indicios suficientes para continuar la investigación una vez levantada la inmunidad.
Límites entre libertad de expresión y desórdenes públicos
La resolución del Supremo distingue con claridad entre el discurso crítico protegido por la Constitución y los llamamientos directos a acciones que puedan generar desórdenes agravados. La libertad ideológica ampara la denuncia de la actuación policial o la convocatoria de protestas legítimas, pero no cubre la propuesta reiterada de bloquear refinerías, puertos y nodos de distribución aprovechando la supuesta escasez de efectivos. Esta distinción resulta especialmente relevante en un contexto donde las redes sociales permiten que un mensaje alcance a miles de personas en minutos y donde la frontera entre coordinación y movilización puede difuminarse rápidamente.
El precedente que pueda sentar esta causa afecta no solo a Alvise sino a cualquier actor político que utilice plataformas digitales para impulsar movilizaciones. Si el Tribunal considera que los mensajes contienen elementos de incitación directa, podría abrir la puerta a que otras formaciones o movimientos sociales enfrenten investigaciones similares cuando sus convocatorias superen cierto nivel de concreción operativa.
Repercusiones en el Parlamento Europeo
La apertura de una sexta causa complica aún más la situación de Alvise ante la Eurocámara. El suplicatorio ya tramitado en dos procedimientos anteriores podría extenderse a esta investigación si el Supremo lo solicita. Esto obligaría al Parlamento a decidir si levanta la inmunidad por un nuevo delito relacionado con protestas agrarias, un tema que divide a los grupos políticos. Los eurodiputados de formaciones afines a Alvise argumentarán que se trata de una persecución judicial, mientras que otros grupos podrían considerar que los llamamientos a bloquear infraestructuras críticas justifican la retirada de la protección parlamentaria.
Efectos a largo plazo en la movilización social
Más allá del caso concreto, esta investigación plantea preguntas sobre cómo las autoridades judiciales interpretarán en el futuro las convocatorias realizadas a través de mensajería instantánea. Las organizaciones agrarias que participaron en las protestas de 2024 podrían verse obligadas a revisar sus estrategias de comunicación para evitar que mensajes de coordinación sean interpretados como incitación a delitos. Al mismo tiempo, el sector judicial español refuerza una línea jurisprudencial que prioriza la protección del orden público cuando las acciones propuestas afectan servicios esenciales o infraestructuras estratégicas.
El equilibrio entre el derecho de participación política y la prevención de desórdenes públicos seguirá siendo objeto de debate. La resolución del Supremo en esta sexta causa contra Alvise probablemente contribuirá a definir los contornos de ese equilibrio en los próximos años, especialmente en un escenario donde las protestas sectoriales y las campañas en redes sociales continúan siendo herramientas habituales de presión política.
