El Gobierno alemán aprobó un proyecto de reforma del impuesto sobre la renta que busca rebajar la carga fiscal de hogares con ingresos bajos y medios, especialmente familias con hijos, mientras eleva la tributación de las rentas más elevadas. La medida, pactada por la coalición de conservadores y socialdemócratas, deberá pasar ahora por el Parlamento.
El Ejecutivo calcula que las rebajas fiscales alcanzarán unos 10.000 millones de euros y se desplegarán en dos etapas, con plena vigencia en 2028. Para entonces, una familia con hijos dispondrá de más de 600 euros adicionales al año, según el Ministerio de Finanzas. El mínimo exento subirá a 12.564 euros en 2027 y a 12.900 en 2028, mientras se ampliará hasta 70.600 euros el segundo tramo de la escala progresiva.

Redistribución con coste político limitado
La compensación llegará por el extremo superior de la escala. El actual tipo máximo del 45 % se aplicará desde ingresos sujetos a tributación de unos 250.000 euros, y un nuevo tipo del 47 % gravará las rentas a partir de 280.000 euros. Berlín mantiene así la lógica del recargo para los contribuyentes de mayores ingresos, vigente desde 2007, pero endurece su efecto sin alterar de forma generalizada la estructura fiscal.
La reforma incorpora además mejoras directas para los hogares: la prestación por hijo aumentará de 259 a 267 euros mensuales en 2027 y a 272 en 2028; las deducciones por hijos también crecerán. La deducción fija por gastos laborales pasará de 1.230 a 1.430 euros. El diseño concentra el beneficio proporcional en las rentas medias, un segmento decisivo para el consumo interno y para la percepción de equidad del sistema.
La iniciativa revela un equilibrio político preciso: aliviar el presupuesto cotidiano de las familias sin renunciar a ingresos procedentes de los sectores con mayor capacidad contributiva. Su alcance real dependerá de la aprobación parlamentaria y de si el incremento de ingresos por las rentas altas compensa la merma recaudatoria prevista. Para el Gobierno de Friedrich Merz, el desafío será defender que la reforma premia el trabajo sin debilitar la sostenibilidad fiscal.
