El empresario Víctor de Aldama ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le permita vender directamente los vehículos de alta gama que le fueron incautados en el caso hidrocarburos. Su argumento es económico: sostiene que la comercialización en el mercado permitiría obtener una cantidad superior a la prevista en una subasta gestionada por la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia.
Una disputa sobre el valor de los coches
En un escrito remitido al juzgado, Aldama pide ser nombrado “depositario” de los automóviles y asumir su venta. Afirma que los valores recogidos en los informes de la ORGA son sensiblemente inferiores a los precios reales de mercado, especialmente en el caso de un Ferrari que, según su defensa, tendría consideración de vehículo de colección. La solicitud llega después de que la ORGA recomendara subastarlos para evitar su depreciación por falta de uso y reducir los costes de depósito.
El empresario asegura que el dinero obtenido quedaría afectado a las eventuales responsabilidades económicas derivadas tanto de esta causa como del caso Koldo, en el que fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión, pena cuyo cumplimiento quedó suspendido por su colaboración. La petición pretende convertir la venta en una vía para aumentar los fondos disponibles ante futuras obligaciones judiciales, aunque deja en manos del juez la decisión sobre quién debe controlar la operación.
Pedraz investiga un presunto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos cometido entre 2021 y 2024. Entre los bienes intervenidos figuran un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover. Según las valoraciones del servicio online de la Hacienda de Castilla-La Mancha, los 13 vehículos incautados a los investigados tendrían un valor conjunto aproximado de 635.700 euros. La controversia, por tanto, no se limita al método de venta: también afecta a la tasación de unos activos que podrían contribuir a reparar, al menos parcialmente, el perjuicio económico investigado.
