Airbus ha situado la resolución de su conflicto laboral en España en manos de la plantilla después de que la compañía y varios sindicatos alcanzaran este viernes una propuesta de entendimiento que será sometida a un referéndum vinculante durante septiembre. La iniciativa cuenta con la mediación y el respaldo del Ministerio de Industria, aunque su presentación ha vuelto a evidenciar las discrepancias entre las organizaciones sindicales y la fragilidad del proceso negociador.
La empresa comunicó que la propuesta había sido acordada con ATP, CCOO, SIPA y UGT, sindicatos que, según Airbus, reúnen al 88 % de la representación sindical. Sin embargo, UGT desmintió horas después haber firmado cualquier acuerdo o preacuerdo. El secretario de UGT Fica en Cádiz, Antonio Montoro, sostuvo que el sindicato se limitó a recibir la propuesta empresarial durante la reunión celebrada en la sede ministerial.
La contradicción es relevante porque la validez política del nuevo planteamiento dependerá tanto de su contenido como de la capacidad de las partes para presentarlo como una alternativa inclusiva. Aunque el referéndum permitirá que los cerca de 14.000 trabajadores de Airbus en España tengan la última palabra, la ausencia de una posición común entre los sindicatos puede complicar la desconvocatoria efectiva de la huelga y condicionar la campaña previa a la votación.
Una huelga iniciada en un contexto de beneficios récord
El conflicto comenzó el 1 de julio, cuando el Sindicato Independiente de Profesionales de la Aeronáutica, SIPA, convocó una huelga para reclamar mejoras en las condiciones laborales en un momento de resultados récord para el fabricante aeroespacial. La movilización se extendió después con el apoyo de CGT y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres, ÚTIL, mientras CCOO, el sindicato con mayor representación, permanecía inicialmente al margen.
La presión aumentó el 14 de julio, cuando CCOO se sumó al paro. Tres días más tarde, el sindicato alcanzó con Airbus un preacuerdo que incluía una revisión salarial del 12,5 % en dos años. El documento contemplaba una actualización global del 12 % para el periodo 2026-2027, la conservación del teletrabajo, mayor flexibilidad en las vacaciones y medidas específicas para la división de Espacio.
Aquel texto no logró cerrar la disputa. SIPA, UGT, ATP, ÚTIL y CGT lo rechazaron, al considerar insuficientes sus términos o cuestionar el marco de negociación. La división sindical trasladó el desenlace a la consulta de la plantilla, celebrada el 24 de julio. El resultado fue especialmente ajustado: el 49,15 % de los votantes rechazó la propuesta y el 45,95 % la respaldó. Participó el 81,44 % de los trabajadores, una cifra que reflejó el elevado grado de implicación, pero también una mayoría contraria demasiado estrecha como para despejar el conflicto.
La mediación no evitó la reanudación de los paros
Tras la votación, Airbus solicitó la apertura de un proceso ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA. La dirección calificó el resultado de ambiguo y aseguró que no impondría unilateralmente un acuerdo, aunque precisó que su oferta no desaparecería y serviría como base para negociar tras el verano. La formulación trataba de preservar el contenido económico ya ofrecido sin cerrar la puerta a ajustes posteriores.
El periodo de vacaciones interrumpió temporalmente la actividad en los centros, pero no resolvió las diferencias. Airbus dispone de unas 14.000 personas trabajadoras en España, distribuidas principalmente entre Getafe, con alrededor de 9.000 empleados, Illescas, Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. Esa implantación convierte el conflicto en un asunto con impacto potencial sobre programas industriales y cadenas de suministro repartidas en varias comunidades autónomas.
El 25 de agosto se reanudó la huelga, esta vez convocada por UGT, CGT y ÚTIL, mientras arrancaban las conversaciones en el SIMA. Dos días después, tras dos jornadas de reuniones, Airbus condicionó la continuidad de la negociación a una suspensión temporal de los paros. La plantilla rechazó esa exigencia, al entender que renunciar a la movilización antes de un acuerdo reduciría su capacidad de presión.
Mesas paralelas y desacuerdo sobre la representación
El 2 de septiembre, Airbus anunció el cierre de la mesa con los sindicatos promotores de la huelga, CGT, ÚTIL y UGT, y defendió como equilibrada y justa su oferta presentada el 27 de agosto. La compañía indicó que continuaría dialogando en una segunda mesa con las organizaciones que no secundaban la convocatoria. Los sindicatos convocantes criticaron la apertura de foros paralelos y llegaron a estudiar acciones legales contra la empresa.
Al día siguiente, Airbus cerró también esa segunda vía de mediación. La empresa alegó que no todas las partes estaban dispuestas a participar para encontrar un acuerdo común en el SIMA. El episodio puso de relieve un problema central del conflicto: más allá de las diferencias sobre salarios, teletrabajo o vacaciones, las partes discrepan sobre quién debe negociar y bajo qué condiciones debe desarrollarse ese diálogo.
La reunión convocada este viernes por el ministro de Industria, Jordi Hereu, buscó desbloquear ese escenario. Airbus, ATP, CCOO y SIPA alcanzaron la propuesta que será llevada a referéndum. CGT y ÚTIL denunciaron haber quedado fuera de la reunión; ambas organizaciones acudieron al Ministerio, pero no entraron al encuentro. UGT, por su parte, niega haber suscrito el planteamiento atribuido por la compañía.
El resultado de la consulta de septiembre será determinante para medir si el nuevo texto supera la fractura que dejó el rechazo de julio. Mientras tanto, CGT ha mantenido la convocatoria de una manifestación para el 12 de septiembre, desde la factoría de Getafe hasta el Ministerio de Industria. La movilización coincidirá con una fase decisiva: la plantilla deberá decidir si la propuesta ofrece garantías suficientes para cerrar una huelga que ha atravesado dos periodos de paros y ha expuesto una negociación marcada por apoyos cambiantes y desacuerdos de representación.
