La acusación popular unificada, liderada por el Partido Popular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La petición se extiende también a los fiscales que mantuvieron encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y abril de 2025, en un procedimiento que investiga una presunta trama orientada a desestabilizar operaciones policiales y judiciales vinculadas al PSOE o al Gobierno.
Según el escrito al que ha tenido acceso la agencia EFE, la acusación reclama las declaraciones del teniente fiscal Diego Villafañe, la fiscal adscrita Beatriz López, la fiscal Ana Isabel García León y el jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General en la calle Fortuny. Estas testificales se centran en las reuniones celebradas entre el abogado Jacobo Teijelo, representante del exdirigente socialista Santos Cerdán, y Leire Díez con Villafañe, mano derecha del ex fiscal general en aquel momento.
Contexto de las reuniones y falta de registro
El documento presentado por la acusación subraya que durante esos encuentros se expusieron hechos con eventual relevancia penal. Tras examinar el oficio remitido por la Fiscalía General y la declaración de Teijelo, quien se acogió al secreto profesional para no aportar detalles, la parte acusadora considera necesario un esclarecimiento adicional. Señala la existencia de reuniones reconocidas, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y la finalidad de los encuentros como elementos que justifican las nuevas diligencias.
La solicitud de la testifical de García Ortiz busca determinar si el ex fiscal general tuvo conocimiento directo o indirecto del contenido de las reuniones, el momento en que se produjo ese conocimiento y la vía por la que le fue trasladado. También pretende aclarar qué instrucciones, valoraciones o directrices pudo impartir, las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes, y el criterio aplicado para que tales contactos no quedaran reflejados en ningún registro oficial.
Razones para cada testigo
Respecto a Villafañe, la acusación considera su testimonio imprescindible para precisar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas. En el caso de Beatriz López, se solicita su comparecencia por razones de contradicción y corroboración, al tratarse de una testigo directa de los hechos. El jefe de seguridad es requerido porque la falta de un registro oficial de visitas genera una laguna probatoria evidente sobre las entradas y salidas al edificio. Finalmente, la fiscal Ana Isabel García León ha sido incluida para evitar visiones fragmentadas de los acontecimientos investigados.
El procedimiento en el que se enmarca esta petición investiga una supuesta operación destinada a interferir en actuaciones policiales y judiciales que podrían afectar al PSOE o al Ejecutivo. La acusación popular, al unificar su estrategia bajo el liderazgo del PP, ha convertido estas diligencias en un eje central de su estrategia procesal. La ausencia de anotaciones formales sobre las visitas y el recurso al secreto profesional por parte de Teijelo han reforzado la percepción de que existe información relevante aún sin contrastar.
Implicaciones para la independencia judicial
La petición de citación a García Ortiz plantea cuestiones relevantes sobre la responsabilidad del titular de la Fiscalía General en la supervisión de contactos entre miembros de su equipo y personas vinculadas a investigaciones políticas. En el sistema español, el fiscal general ostenta la dirección del Ministerio Público y debe garantizar que cualquier información con posible trascendencia penal se canalice a través de los cauces procesales adecuados. La falta de registro documental de estos encuentros dificulta la reconstrucción cronológica y material de lo ocurrido, lo que explica la insistencia de la acusación en completar la instrucción con estas testificales.
El juez Pedraz deberá valorar ahora si las razones expuestas justifican las citaciones solicitadas. La práctica habitual en la Audiencia Nacional muestra que los jueces suelen acceder a este tipo de peticiones cuando se argumenta la existencia de lagunas probatorias que solo pueden aclararse mediante declaración directa de los intervinientes. De aceptarse las testificales, el desarrollo de las mismas podría aportar elementos nuevos sobre el alcance real de los contactos mantenidos en la sede de la Fiscalía General durante la primavera de 2025.
El caso sigue abierto y la resolución del juez determinará si estas diligencias se incorporan finalmente al sumario. Mientras tanto, la documentación presentada por la acusación popular pone de manifiesto la importancia que atribuye a la transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y actores políticos o judiciales externos.
