Un gran jurado federal acusó al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Christian Castro, de seis cargos por presuntamente realizar declaraciones falsas sobre el tiroteo en el que resultó herido el venezolano Julio César Sosa-Celis en Minneapolis, Minnesota. La imputación aún no se ha hecho pública formalmente, pues se prevé que ocurra cuando el agente quede bajo custodia, según una persona familiarizada con el caso.
El proceso representa la primera acusación federal conocida contra un funcionario de inmigración por presuntas irregularidades vinculadas con la operación de Minneapolis, desplegada como parte de la campaña de deportaciones. Aunque el Departamento de Justicia no ha detallado el contenido de cada cargo, la investigación se concentra en la distancia entre el relato atribuido al agente y las pruebas materiales reunidas tras el incidente.
Un disparo a través de la puerta
Castro ya enfrenta cargos estatales en Minnesota por el disparo ocurrido el 14 de enero. De acuerdo con los fiscales locales, el agente hirió a Sosa-Celis en la parte posterior de una pierna al accionar su arma a través de la puerta del departamento donde el joven se encontraba junto con su primo, Alfredo Alejandro Aljorna.
La secuencia se originó cuando agentes de ICE intentaron detener una camioneta relacionada con Joffre Barrera, un inmigrante indocumentado. Aljorna, conductor de DoorDash, manejaba el vehículo y se alejó del lugar. Sosa-Celis sostuvo que, después de que su primo descendió de la camioneta y fue derribado cerca del departamento por un agente, ambos se resguardaron detrás de la puerta. Poco después escuchó un disparo y descubrió que había sido alcanzado.
La evidencia modificó la narrativa oficial
En la primera etapa del caso, fiscales federales acusaron a Sosa-Celis, de 24 años, y a otro hombre de atacar a un agente con una pala para nieve y el palo de una escoba. Esos cargos fueron retirados después de que videos de vigilancia y otras evidencias contradijeran la versión atribuida a Castro.
El punto central ya no es únicamente si el uso de fuerza fue justificado, sino si la información entregada después del tiroteo alteró deliberadamente la reconstrucción de los hechos. Según los fiscales, Castro habría comunicado a sus superiores en el Departamento de Seguridad Nacional que Sosa-Celis y otras personas lo agredieron con una pala y una escoba. El material audiovisual disponible no respaldó esa afirmación.
Dos investigaciones y una posible escalada
El agente y uno de sus compañeros fueron colocados en licencia administrativa. En el ámbito estatal, Castro también enfrenta un cargo por presentar un informe falso. En el ámbito federal, los seis cargos por declaraciones falsas amplían el riesgo legal: una falsedad ante investigadores puede afectar la credibilidad de testimonios, justificar nuevas diligencias y abrir la puerta a responsabilidades relacionadas con la actuación institucional posterior al operativo.
El Departamento de Justicia todavía evalúa si presentará cargos por violaciones de derechos civiles. Esa decisión dependerá de si los investigadores concluyen que el disparo vulneró de forma deliberada o injustificada las garantías constitucionales de Sosa-Celis. La diferencia es relevante: los cargos actuales se enfocan en la presunta falsedad de las declaraciones, mientras una causa por derechos civiles examinaría directamente la legalidad del uso de la fuerza.
Presión sobre la supervisión federal
El caso también adquirió una dimensión interna dentro del Departamento de Justicia. Esta semana fue despedido el fiscal federal Matt Evans, luego de que ProPublica informara que había dicho a los abogados de Sosa-Celis que funcionarios del departamento frenaron sus esfuerzos para promover cargos federales más graves. Evans es investigado por una presunta obstrucción de una pesquisa de gran jurado y una respuesta automática de su correo indicó que se encuentra de licencia.
La combinación de videos que contradicen el relato inicial, cargos estatales contra el agente y una acusación federal pendiente de formalización coloca a Minneapolis como una prueba de transparencia para las operaciones migratorias. El desenlace mostrará si los mecanismos de control pueden separar la responsabilidad individual de posibles fallas en la cadena de supervisión, especialmente en operativos donde el uso de la fuerza y la versión oficial quedan bajo escrutinio inmediato.
