Cuernavaca, Morelos. Beatriz Fragoso Maldonado, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, ascendió hasta la cornisa del segundo nivel del Palacio de Gobierno el pasado 29 de junio para manifestar su rechazo al incremento de la tarifa mínima del transporte público, que pasará de 10 a 13 pesos a partir del miércoles. La activista, quien presenta discapacidad visual, sostuvo que el servicio no ofrece condiciones que justifiquen el aumento y que la medida afecta de manera desproporcionada a sectores vulnerables.
Desde su posición elevada, Fragoso expresó con gritos y llanto su inconformidad. Personal de vigilancia intentó persuadirla para que descendiera debido al riesgo que implicaba la altura, pero ella permaneció en el lugar hasta que fue recibida por la gobernadora Margarita González Saravia. El episodio se desarrolló mientras un grupo de adultos mayores mantiene bloqueos en los accesos del inmueble desde hace tres días en protesta por la misma decisión tarifaria.
El contexto del aumento tarifario
El gobierno estatal anunció el ajuste en la tarifa con el argumento de que los operadores enfrentan costos crecientes en combustible, mantenimiento y salarios. Sin embargo, organizaciones de usuarios y colectivos de discapacidad han cuestionado la falta de mejoras verificables en la calidad del servicio. El incremento aplica de forma general, aunque se mantiene una tarifa preferencial de cinco pesos para personas con discapacidad. Esta excepción, según Fragoso, resulta insuficiente porque la mayoría de las unidades carece de rampas, espacios adaptados o personal capacitado para asistir a quienes utilizan sillas de ruedas o muletas.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que Morelos registra uno de los índices más bajos de accesibilidad en transporte público del centro del país. En este marco, el reclamo de Fragoso pone en evidencia una brecha entre la política tarifaria y las condiciones reales de movilidad para sectores con necesidades específicas.
Antecedentes de las protestas
Fragoso ya había acudido en ocasiones anteriores al Palacio de Gobierno para exponer sus inconformidades. Sus acciones se suman al bloqueo encabezado por el regidor de Morena Gabriel Rivas Ríos, quien lidera a un grupo de adultos mayores que exige la revisión del aumento. Ambos movimientos, aunque distintos en su composición, convergen en la crítica a una medida que consideran regresiva para la economía familiar y para la inclusión social.
La presencia simultánea de protestas dentro y fuera del edificio refleja la acumulación de tensiones en torno al transporte público en Morelos. Los adultos mayores han señalado que el incremento representa un golpe directo a sus ingresos limitados, mientras que las personas con discapacidad subrayan la ausencia de infraestructura que garantice su derecho a la movilidad.
Respuesta de las autoridades
Ante el riesgo de un desenlace grave, la gobernadora González Saravia decidió intervenir directamente y sostuvo un diálogo con la manifestante. Esta intervención evitó que la situación escalara, aunque hasta el momento no se han difundido acuerdos concretos ni compromisos por escrito. La administración estatal ha reiterado que el ajuste tarifario busca garantizar la operación del servicio, pero enfrenta la exigencia de transparentar los criterios técnicos que sustentan el aumento y de acelerar mejoras en accesibilidad.
El episodio también plantea preguntas sobre los protocolos de atención a manifestantes en situación de vulnerabilidad. La decisión de esperar a que la activista fuera recibida por la titular del Ejecutivo, en lugar de una intervención inmediata de seguridad, demuestra la prioridad otorgada a la prevención de incidentes trágicos.
Implicaciones para la inclusión
La protesta de Beatriz Fragoso Maldonado trasciende el reclamo puntual por el precio del pasaje. Pone de relieve la necesidad de que las políticas de transporte incorporen criterios de accesibilidad universal desde su diseño. Mientras las unidades sigan sin adaptaciones, la tarifa reducida para personas con discapacidad seguirá siendo un beneficio parcial que no resuelve las barreras estructurales.
Organizaciones civiles han señalado que Morelos requiere una auditoría independiente sobre el estado de la flota y sobre el cumplimiento de normas de accesibilidad. El diálogo abierto entre la gobernadora y la activista representa un primer paso, aunque su efectividad dependerá de que se traduzca en acciones verificables en los próximos meses.
El caso también invita a reflexionar sobre el papel de las protestas individuales en la visibilización de demandas colectivas. Cuando una persona decide colocar su cuerpo en una posición de riesgo para hacerse escuchar, revela tanto la profundidad de su inconformidad como las limitaciones de los canales institucionales de participación.
