Un informe conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights revela que al menos 52 personas fallecieron bajo custodia del ICE durante el primer año de la segunda administración Trump. La cifra de detenidos creció 77 % (de 40 mil a más de 71 mil), mientras la tasa de mortalidad aumentó 140 %.
Deficiencias estructurales
El análisis cuantitativo de muertes entre octubre de 2015 y junio de 2026 muestra que el sistema no ha ampliado la atención médica al ritmo del incremento de población detenida. Expertos señalan que el ICE incumple plazos reglamentarios de reporte y restringe información, lo que impide supervisión efectiva por parte del Congreso y las familias.
Casos que ilustran el patrón
Lorenzo Batrez Vargas, mexicano de 32 años, murió en 2025 en Arizona tras 12 días de aislamiento por Covid-19 sin que su familia obtuviera información oportuna. Maksym Chernyak, ucraniano de 44 años, sufrió un derrame cerebral sin que el personal del centro respondiera a señales evidentes de emergencia médica. Ambos casos reflejan retrasos en traslados hospitalarios y falta de protocolos básicos.
Obligaciones internacionales
Las organizaciones advierten que estas muertes pueden constituir violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estados Unidos está obligado a proteger la vida de personas bajo custodia y a explicar cualquier fallecimiento. La ausencia de transparencia impide verificar si se cumplieron estándares mínimos de atención médica.
El informe concluye que la expansión de la detención obligatoria ha expuesto a más personas a un sistema que, además de costoso, no garantiza condiciones adecuadas de salud y seguridad.
