La familia Weinberg rechazó ser prestanombres de Genaro García Luna después de que la Fiscalía General de la República (FGR) girara órdenes de aprehensión contra Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, investigados desde hace dos años por presunta complicidad con el exsecretario de Seguridad Pública. En una carta dirigida a la opinión pública y enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, ambos sostuvieron que los contratos cuestionados no fueron ilegales ni fraudulentos y afirmaron haber colaborado con las investigaciones.
El pronunciamiento responde a los señalamientos que vinculan a padre e hijo con el presunto desvío de recursos públicos mediante empresas relacionadas con ellos. De acuerdo con la información expuesta, la indagatoria federal contempla la posible utilización de esas compañías para canalizar recursos a través de triangulaciones, dentro del caso de enriquecimiento ilícito atribuido en México a García Luna.
En la carta, firmada por Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, la familia dijo que había mantenido silencio durante varios años para no interferir en el curso de las investigaciones. También acusó que su presunción de inocencia ha sido vulnerada tanto por la opinión pública como por políticos que, según su postura, han difundido conjeturas y especulaciones sobre el caso.
Como parte de su defensa, los Weinberg señalaron que los contratos observados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron auditados por la Secretaría de la Función Pública y revisados por la Auditoría Superior de la Federación. Aseguraron que esas revisiones constataron las facultades legales de las partes involucradas. Añadieron que las adjudicaciones contaron con fianzas y garantías, y negaron que hubiera existido desvío de recursos.
La relación entre la familia Weinberg y García Luna es previa a la investigación actual. Ambos se conocían desde la década de 1980, cuando Mauricio Samuel Weinberg y quien después sería secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen.
En 2015, García Luna fue multado en Estados Unidos y comenzó una investigación por posible enriquecimiento ilícito, contexto en el que la relación con la familia Weinberg cobró relevancia. Los Weinberg señalaron en su carta que han sido proveedores estratégicos de seguridad nacional en México y Latinoamérica durante más de 35 años, y que prestaron servicios al Gobierno federal a lo largo de cinco sexenios.
Entre los elementos difundidos sobre el caso figura información de la periodista Peniley Ramírez, quien reportó que, mientras García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública, la empresa ICIT Security, de la familia Weinberg, habría usado información privilegiada de la dependencia para conseguir clientes o comercializar reportes. También informó que esa empresa vendió a la secretaría el programa de ciberseguridad NiceTrack, destinado a rastrear información de usuarios.
