Los dos sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio han dejado una huella profunda en las comunidades de origen canario establecidas en el país. Aunque el Gobierno de Canarias ha reiterado que no dispone de novedades sobre los desaparecidos, el episodio no puede entenderse como un hecho aislado. La presencia de ciudadanos canarios en Venezuela responde a un proceso migratorio iniciado hace más de un siglo y que alcanzó su punto álgido entre 1940 y 1970. En ese periodo, miles de familias de las islas se instalaron en Caracas, Maracaibo y Valencia, atraídas por las oportunidades petroleras y por la cercanía cultural. Hoy, sus descendientes mantienen vínculos económicos y familiares que explican por qué la noticia de los desaparecidos ha generado inmediata preocupación en Tenerife y Gran Canaria.
La situación se complica por el estado de deterioro de las infraestructuras venezolanas. Décadas de desinversión en edificaciones públicas y privadas han dejado muchas construcciones vulnerables ante movimientos sísmicos. El hecho de que la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Chabela, haya perdido la vida ilustra hasta qué punto la emergencia afecta directamente a quienes ejercen funciones de representación. Su fallecimiento no solo representa una pérdida personal, sino que interrumpe los canales de comunicación que el Ejecutivo regional había intentado mantener abiertos en un contexto de creciente aislamiento diplomático.
Antecedentes de la relación bilateral
Las relaciones entre Canarias y Venezuela nunca han sido meramente consulares. Durante los años de bonanza petrolera, el flujo de remesas desde Venezuela hacia las islas superó en algunos ejercicios los 80 millones de euros anuales. Esa dependencia económica se ha reducido drásticamente desde 2014, pero persiste una red de empresas familiares y asociaciones que siguen operando. El terremoto ha puesto a prueba la capacidad de estas redes para movilizarse sin apoyo institucional directo, ya que las autoridades venezolanas han priorizado los rescates sobre cualquier otra actividad. La falta de información fluida refleja tanto las limitaciones técnicas como la decisión política de centralizar toda la gestión de la emergencia en manos del Ejecutivo nacional.
Respuesta institucional y vacíos operativos
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Tenerife reveló la ausencia de protocolos específicos para crisis humanitarias que afecten simultáneamente a ciudadanos canarios en el extranjero y a la propia representación regional. Hasta ahora, el Gobierno de Canarias había confiado en la labor de la delegada y en la coordinación con la Embajada de España. La muerte de Chabela deja al Ejecutivo sin un interlocutor de confianza sobre el terreno. Esta situación obliga a replantear si las comunidades autónomas deben desarrollar capacidades propias de respuesta internacional o si deben limitarse a canalizar demandas hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores. La experiencia de otros territorios con fuerte diáspora, como Galicia con Argentina, muestra que la existencia de equipos técnicos permanentes reduce los tiempos de reacción en emergencias similares.
Además, el contexto venezolano añade una capa de complejidad. La escasez de combustible y la fragmentación de las fuerzas de seguridad dificultan el desplazamiento de equipos de rescate hacia las zonas afectadas. Los canarios desaparecidos se encuentran probablemente en edificios residenciales de Caracas y sus alrededores, donde la prioridad sigue siendo liberar vías de acceso antes que atender casos individuales. Esta jerarquía de necesidades explica por qué la información llega “a cuenta gotas”, tal como reconoció el portavoz Alfonso Cabello.
Impactos a medio y largo plazo
El episodio tendrá consecuencias que trascienden el ámbito humanitario inmediato. En primer lugar, refuerza la tendencia de las familias canario-venezolanas a considerar el retorno definitivo a las islas. En los últimos cinco años, el número de retornos asistidos desde Venezuela hacia Canarias ha aumentado un 47 %, según datos del propio Ejecutivo regional. Un nuevo impulso migratorio inverso podría tensionar los servicios públicos de las islas, especialmente vivienda y sanidad, en un momento en que el archipiélago ya enfrenta presión por el turismo y la llegada de migrantes desde África.
En segundo lugar, el suceso expone la fragilidad de la diplomacia subestatal. Las comunidades autónomas con intereses exteriores claros carecen de instrumentos jurídicos robustos para actuar cuando se produce una crisis. El caso de Chabela demuestra que la designación de delegados sin respaldo presupuestario ni protección institucional puede generar riesgos personales elevados. Futuras designaciones probablemente exigirán cláusulas de seguridad y mecanismos de evacuación que hasta ahora no se contemplaban.
Por último, el terremoto y sus consecuencias podrían alterar la percepción pública sobre Venezuela dentro de Canarias. Durante décadas, la imagen del país estuvo asociada a oportunidades económicas; ahora se asocia cada vez más con inestabilidad y riesgo. Esa transformación cultural puede reducir el interés de las nuevas generaciones canarias por mantener vínculos con Venezuela, debilitando progresivamente la que fue una de las diásporas más activas del Atlántico medio.
La ausencia de novedades sobre los desaparecidos no es solo un dato operativo; es el síntoma de una relación bilateral que requiere revisión estructural. Mientras los equipos de rescate siguen trabajando entre escombros, las instituciones canarias enfrentan la tarea de repensar cómo proteger a una comunidad que, aunque distante geográficamente, sigue formando parte del tejido social de las islas.
