El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, atribuyó el incremento de casi mil plazas durante la actual legislatura directamente al Sindicato de Trabajadores. Según sus declaraciones, la participación sindical pasó de 11% a 18% de las plazas totales, amparada en las Condiciones Generales de Trabajo de la LFTSE, y no en decisiones directas de la Cámara.
Los datos revelan que la nómina actual alcanza 7 mil 501 plazas, con un costo proyectado de 5 mil 199 millones de pesos al cierre de 2026, más de mil 400 millones por encima del gasto de la 63 Legislatura. Farah justificó el aumento salarial por el ajuste anual desde 2018 y por los incrementos específicos del personal sindicalizado, aunque aseguró que en 2026 se logró una reducción del 5% respecto al ejercicio previo.
Contraste con promesas de Morena
El aumento contradice las denuncias de 2019 del propio grupo parlamentario de Morena, que entonces calificó las 6 mil 644 plazas existentes como excesivas y prometió recortar tres mil. Hoy la 66 Legislatura supera ese número, lo que evidencia la limitada capacidad de control sobre el sindicato y la persistencia de estructuras que se reproducen independientemente de los cambios de mayoría.
Crítica de la oposición
El vicecoordinador del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que más del 50% del presupuesto de la Cámara se destina a servicios personales y exigió una lista detallada por legislador. Farah rechazó la existencia de asesores excesivos y sostuvo que la distribución se realiza de manera equitativa según el tamaño de cada grupo parlamentario.
El episodio muestra cómo las promesas de austeridad chocan con la realidad institucional: el poder sindical, protegido por ley, limita la posibilidad de recortes significativos y mantiene un gasto estructural que crece con cada legislatura.
