CUERNAVACA, Mor. (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum inició este jueves en Morelos la gira nacional “Honestidad y Resultados”, correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, en un acto marcado por la movilización de miles de personas, el despliegue operativo de autoridades estatales y federales, y protestas de grupos que acudieron directamente a la mandataria para exponer conflictos pendientes.
El mitin se realizó en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, donde, de acuerdo con fuentes consultadas por Proceso, se concentraron más de 10 mil asistentes. Desde primeras horas del día, decenas de unidades de transporte trasladaron contingentes provenientes de las zonas oriente, sur y metropolitana del estado. La operación permitió llenar el espacio destinado al acto presidencial, pero también provocó congestionamientos y dificultades para el retorno de parte de los participantes.
La dimensión de la asistencia estuvo acompañada por señalamientos sobre la forma en que fue organizada. Según las fuentes consultadas, Servidores de la Nación coordinaron parte de la movilización y distintos actores políticos recibieron cuotas de asistentes: 500 para alcaldes y secretarios, incluidos algunos pertenecientes a la oposición; 300 para diputados, operadores políticos y aspirantes a candidaturas.
Para cubrir esas cifras, trabajadores del gobierno estatal habrían recibido la indicación de apoyar a diversas secretarías con grupos de entre tres y 10 personas. En el lugar, algunos contingentes afirmaron haber sido trasladados por Paola Cruz, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; Víctor Mercado, senador con licencia, y la diputada local Yazmín Solano. También se reportó la llegada de grupos de Puente de Ixtla, Jojutla y Zacatepec, así como de organizaciones sindicales vinculadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.
Una celebración oficial atravesada por demandas
La presencia presidencial convirtió el acto en un punto de concentración para reclamos que, según los manifestantes, no han recibido una respuesta efectiva en Morelos. La protesta más visible fue protagonizada por integrantes de la Asociación Nacional de Jubilados, quienes se instalaron desde temprano cerca de los accesos y colocaron mantas en las rejillas metálicas.
Los jubilados bloquearon momentáneamente el paso de la camioneta de Sheinbaum cuando ingresó al lugar y le gritaron consignas relacionadas con la reforma al artículo 127. Entre sus mensajes se escucharon: “Si la ley se va hacia atrás, la justicia no va”, “Hoy mi pensión, mañana tu empresa” y “La ley no da certeza”.
Tomás Valdés, enlace de la asociación en Morelos, explicó que buscan proteger los derechos adquiridos de los trabajadores. Afirmó que la reforma tiene efectos retroactivos y que establece un trato desigual para personas que ya se encuentran bajo determinadas condiciones laborales y de jubilación. El grupo prepara una propuesta con representantes de distintos partidos en la Cámara de Diputados, aunque todavía desconoce cuáles serían los términos de una eventual modificación.
La petición a la presidenta fue concreta: que escuche a los jubilados, atienda sus planteamientos y abra un canal directo de diálogo. El reclamo refleja una de las tensiones que acompañan a la discusión de cambios legales en materia laboral y de retiro: la distancia entre las decisiones legislativas generales y la percepción de quienes consideran que esas reformas pueden afectar situaciones consolidadas.
Padres denuncian presunta venta de drogas en una secundaria
Otro grupo que buscó la intervención federal fue el de padres de familia de la Secundaria General Andrés Quintana Roo, de Tetela del Volcán. Los manifestantes llegaron con una manta blanca hecha a mano que decía: “Presidenta Claudia, solucione el conflicto en la Secundaria de Tetela del Volcán, donde venden drogas”.
Beatriz Adriana Reyes Durán, madre de familia, aseguró que desde abril han denunciado la presunta venta de drogas dentro del plantel y la posible participación de cuatro profesores. Sostuvo que el caso es conocido por la gobernadora Margarita González Saravia, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades, pero que hasta ahora no se ha abierto una investigación contra los docentes señalados por los padres.
De acuerdo con los familiares, se entregaron testimonios de estudiantes y padres, además de otras pruebas. Ante la falta de respuesta, organizaron filtros y revisiones de mochilas. También cuestionaron que la entonces directora Olga Leticia Prado fuera retirada del cargo después de intervenir en el conflicto, mientras permanecieron en funciones los 29 docentes señalados por los padres.
Domingo Mendoza Rosales, presidente del Comité de Padres y Familias, afirmó que presentaron denuncias anónimas ante la Fiscalía y reportes ante el IEBEM. Sin embargo, dijo que las autoridades les han informado que no existe una investigación contra los maestros. Para los padres, la remoción de la directora agravó la desconfianza, porque interpretan la medida como una sanción contra quien intentó atender el problema y no como una respuesta a las acusaciones principales.
El desafío político detrás del informe
La jornada mostró la doble naturaleza de los actos de rendición de cuentas: son espacios diseñados para comunicar resultados de gobierno, pero también funcionan como vitrinas para conflictos que las administraciones locales no han resuelto. En Morelos, las demandas de jubilados y padres de familia trasladaron al escenario presidencial asuntos relacionados con derechos laborales, seguridad escolar y responsabilidad institucional.
La movilización masiva, por su parte, evidenció el peso de las estructuras territoriales en la construcción de una imagen de respaldo político. La asistencia organizada puede contribuir a la logística de un evento nacional, pero los señalamientos sobre cuotas y traslado de contingentes introducen una pregunta sobre la diferencia entre apoyo ciudadano espontáneo y convocatoria institucionalizada.
El reto para las autoridades será evitar que el informe quede reducido a la dimensión del acto público. Las protestas plantean problemas verificables que requieren investigaciones formales, respuestas documentadas y seguimiento. Si las peticiones son absorbidas únicamente por la escena política del evento, el reclamo puede reaparecer en futuras giras y convertirse en un indicador de la falta de coordinación entre el gobierno federal, la administración estatal y las instituciones encargadas de atender cada caso.
