La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno analiza un posible acuerdo con Vulcan Materials que incluya restricciones ambientales claras. La empresa mantiene un arbitraje internacional pendiente; si no se logra consenso, el proceso seguirá hasta su resolución final.
El punto central es que la explotación actual de piedra caliza debe cesar en el área concesionada. El puerto, otorgado por el Estado mexicano, quedaría disponible para usos distintos a la exportación exclusiva de material pétreo.
Esta postura revela una estrategia de negociación que busca equilibrar la protección de un área natural protegida con la posibilidad de reubicar actividades extractivas en zonas ambientalmente viables y con volúmenes reducidos. El acuerdo, de concretarse, exigiría además un plan de remediación que revierta el daño acumulado.
Valor estratégico del puerto
El puerto representa un activo logístico relevante para México. Limitar su uso actual a la salida de caliza reduce su potencial económico. Reabrirlo a operaciones diversas permitiría capturar valor público sin ampliar la huella extractiva en la zona protegida.
El gobierno ha involucrado varias dependencias en la evaluación técnica y jurídica. Esta coordinación interinstitucional indica que cualquier decisión final deberá superar filtros ambientales, legales y de interés nacional antes de hacerse público.
