La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum el 29 de junio de 2026 en la conferencia matutina marca un punto de inflexión en la gestión de riesgos climáticos del país. Según sus palabras, el fenómeno de El Niño generará un año atípico con mayor intensidad de huracanes en el Pacífico hacia finales de 2026, lo que obliga a revisar las condiciones oceanográficas y atmosféricas que preceden a estos eventos.

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial oriental. Este cambio altera los patrones de viento y presión, favoreciendo la formación de ciclones tropicales más potentes en la cuenca del Pacífico nororiental. Históricamente, los años con El Niño fuerte, como 1997-1998 y 2015-2016, registraron incrementos del 30 % al 40 % en la energía acumulada de ciclones que afectaron las costas mexicanas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Antecedentes oceanográficos y registros previos
La última fase de El Niño que influyó en México ocurrió entre 2014 y 2016. Durante ese periodo, el huracán Patricia alcanzó vientos de 345 km/h, el más intenso registrado en el hemisferio occidental. La preparación estatal en esa ocasión se centró principalmente en Guerrero y Michoacán, pero dejó lecciones sobre la necesidad de alertas tempranas en entidades del sureste como Chiapas. El actual anuncio de Sheinbaum retoma esa experiencia al mencionar la coordinación ya iniciada con el gobernador Eduardo Ramírez en esa entidad.
Los modelos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyectan que la temperatura superficial del mar superará el umbral de +1,5 °C en la región Niño 3.4 durante el segundo semestre de 2026. Esta anomalía térmica incrementa la disponibilidad de energía latente, permitiendo que las tormentas se intensifiquen más rápidamente una vez formadas. La diferencia con años neutrales radica en la menor cizalladura vertical del viento, que normalmente disipa los sistemas en desarrollo.
Preparativos institucionales y respuesta territorial
La coordinadora nacional de Protección Civil ha emitido alertas preventivas a los estados del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas. Esta medida sigue el protocolo establecido tras el huracán Otis de 2023, que demostró la vulnerabilidad de infraestructura hotelera y portuaria ante cambios repentinos de intensidad. En Acapulco, por ejemplo, la reconstrucción posterior a Otis incluyó sistemas de drenaje reforzado que ahora se revisan ante la perspectiva de un nuevo episodio de El Niño.
Chiapas ha iniciado protocolos específicos de evacuación en zonas costeras como Puerto Chiapas y Tonalá. El estado cuenta con 14 refugios temporales habilitados y un inventario de 8.500 víveres de emergencia, según información oficial. Estas acciones se alinean con el Plan Nacional de Protección Civil 2024-2030, que prioriza la articulación entre gobiernos estatales y federales para reducir tiempos de respuesta.
Impactos económicos y sectoriales proyectados
El sector pesquero del Pacífico mexicano enfrenta riesgos directos. En años de El Niño intenso, la captura de atún y sardina puede reducirse hasta un 25 % por la migración de especies hacia aguas más frías. En 2015, las cooperativas de Sinaloa reportaron pérdidas superiores a 180 millones de pesos; un escenario similar en 2026 afectaría a aproximadamente 45.000 familias dependientes de esta actividad.
El turismo también se ve expuesto. Los destinos de playa como Mazatlán, Puerto Vallarta y Manzanillo concentran el 38 % de las llegadas internacionales durante el cuarto trimestre. Una temporada de huracanes más activa podría provocar cancelaciones masivas, replicando la caída del 19 % en ocupación hotelera observada tras el paso de Patricia. Las aseguradoras ya revisan primas para infraestructura turística, anticipando incrementos del 12 % al 15 % en coberturas por daños por viento.
Dimensiones sociales y de largo plazo
Las comunidades rurales del Pacífico enfrentan un doble desafío: mayor probabilidad de inundaciones costeras combinada con posibles déficits de lluvia en zonas interiores. Sheinbaum mencionó la posibilidad de ondas de sequía simultáneas, fenómeno típico de El Niño que afecta la producción de maíz y frijol en estados como Oaxaca y Guerrero. Esta dualidad climática exige sistemas de alerta diferenciados y reservas estratégicas de alimentos.
A nivel nacional, la experiencia de 2015-2016 demostró que la inversión preventiva en infraestructura hidráulica reduce costos de reconstrucción en una proporción de 1 a 7. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) registró erogaciones superiores a 12.000 millones de pesos en ese bienio. Si las proyecciones actuales se cumplen, la presión sobre este instrumento presupuestario podría repetirse, obligando a replantear mecanismos de financiamiento climático más sostenibles.
El anuncio de Sheinbaum también abre la puerta a una mayor integración de información científica en la toma de decisiones políticas. La comparecencia prevista de especialistas en dos semanas busca traducir pronósticos meteorológicos en lineamientos operativos concretos para julio-diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027. Esta aproximación basada en evidencia representa un avance respecto a respuestas reactivas anteriores y podría sentar precedente para la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático acelerado.
