Quietus comenzó a operar el 5 de agosto, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que permite la asistencia médica para morir en Nueva York. El proyecto, integrado por nueve profesionales clínicos y dirigido por el enfermero Daniel Cogan, atiende a los pacientes en sus hogares y reúne en un solo servicio las evaluaciones médicas, la revisión de salud mental, los trámites legales, la medicación y el acompañamiento familiar.
Una práctica legal, pero todavía excepcional
La normativa neoyorquina se encuentra entre las más restrictivas de Estados Unidos: exige ser residente del estado, padecer una enfermedad terminal con una expectativa de vida de seis meses o menos y esperar cinco días entre la prescripción y la dispensación del tratamiento. El coste anunciado por Quietus es inferior a 12.000 dólares, aunque el equipo afirma que también atenderá a quienes no puedan pagarlo.
La iniciativa nace de una experiencia personal de su fundadora, Tara Shapiro, médica de cuidados paliativos. En 2023 acompañó a su suegra Janice durante una muerte asistida en Vermont, después de que esta expresara con claridad que no quería prolongar su sufrimiento. Para Shapiro, aquella decisión convirtió una cuestión abstracta en un problema clínico y humano: cómo respetar la autonomía del paciente sin abandonar la responsabilidad profesional.
El debate refleja una contradicción dentro de la medicina. Una encuesta nacional de 2019 mostró que el 60% de los médicos apoyaba legalizar la muerte asistida, pero solo el 13% quería participar directamente. Sus defensores sostienen que evitar un sufrimiento irreversible también forma parte del deber de cuidado; sus críticos creen que prescribir la muerte altera el compromiso tradicional de sanar y proteger la vida.
Los primeros días de Quietus han dejado claro que el desafío no es solo jurídico. El equipo debe resolver el suministro y la entrega segura de medicamentos, la disponibilidad de los profesionales, la evaluación de la capacidad mental y los conflictos familiares que pueden surgir al final. Su funcionamiento pondrá a prueba si la asistencia médica para morir puede convertirse en una práctica regulada, accesible y compasiva sin reducir una decisión irreversible a un trámite sanitario.
