La presidenta de la República anunció el 25 de agosto que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad aspiren a la Presidencia o a una gubernatura. La propuesta vuelve a colocar en el centro la relación entre nacionalidad, soberanía e interés nacional.
El debate tiene antecedentes desde el Constituyente de 1916-1917. En el texto original, el artículo 37 establecía la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización en otro país, por lo que una persona con doble nacionalidad no sólo quedaba impedida para competir por cargos públicos, sino excluida formalmente de la nacionalidad mexicana.
La reforma constitucional de 1997 modificó ese criterio: eliminó la pérdida de nacionalidad por adquirir otra y estableció que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de ella. Al mismo tiempo, el artículo 32 reservó determinados cargos y funciones a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.
Entre los puestos mencionados en la Constitución están la Presidencia, secretarías de Estado, Fiscalía General de la República, diputaciones federales, senadurías, ministros de la Suprema Corte, gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consejerías del Instituto Nacional Electoral y magistraturas del Tribunal Electoral.
El texto sostiene que esa reserva busca evitar conflictos de interés derivados de la doble nacionalidad en funciones ligadas a la representación y gestión del interés nacional. La iniciativa anunciada deberá ser presentada y discutida por el Congreso.
