La senadora electa Karla Schaefer, de Fuerza Popular, expuso que el próximo gobierno de Keiko Fujimori deberá priorizar medidas de mitigación inmediata frente al Niño Costero y el Niño Global, sobre todo en Piura. La infraestructura de drenaje y contención se encuentra en peor estado que antes del desastre de 2017, cuando el río Piura alcanzó un caudal de 3.326 metros cúbicos por segundo. Hoy, según la parlamentaria, el cauce solo soportaría menos de 1.900 metros cúbicos por segundo, lo que obliga a abandonar la idea de obras definitivas antes de octubre, fecha probable de inicio del fenómeno.
Schaefer detalló que solo cinco de los siete sistemas de rebombeo previstos se han ejecutado y que los drenajes urbanos resultan insuficientes. Las obras realizadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios no han generado impacto real ante lluvias incluso moderadas. Esta situación obliga a centrar los esfuerzos en evacuación preventiva de zonas de cuencas ciegas y en el reordenamiento de asentamientos irregulares.
Impacto sectorial en pesca y agroexportación
La estimación de una contracción del 29 % del PBI regional, atribuida a Luis Miguel Castilla, refleja la vulnerabilidad de dos cadenas productivas clave. La pesca artesanal e industrial perderá acceso a especies pelágicas que migran con el calentamiento de las aguas, mientras que la agroexportación de mango, uva y espárrago enfrentará inundaciones en valles costeros y daños en sistemas de riego. Ambos sectores concentran más de 180 mil empleos directos en Piura y generan divisas que representan cerca del 8 % de las exportaciones no tradicionales del país. La ausencia de protocolos de contingencia actualizados amplifica el riesgo de quiebras en pequeñas y medianas empresas que ya operan con márgenes ajustados tras la pandemia.
Tres ejes de análisis estructural
El primer eje radica en la fragmentación institucional. Nueve años después de aprobada la Reconstrucción con Cambios, coexisten al menos siete entidades con competencias superpuestas y sin una autoridad única que coordine acciones. Esta dispersión ha impedido la descolmatación sistemática del río Piura y la finalización de los sistemas de rebombeo, contrastando con las labores preventivas que sí se ejecutaron en 2016. El segundo eje apunta al crecimiento urbano desordenado: invasiones en zonas de alto riesgo han multiplicado la exposición de población sin servicios básicos. El tercer eje conecta el fenómeno climático con la economía nacional, ya que una caída pronunciada del PBI piurano arrastraría empleo e inversión en cadenas logísticas que llegan hasta Lima y el sur del país.
Perspectivas de actores involucrados
Los gobiernos locales de Piura reclaman recursos directos y flexibilidad para ejecutar obras menores de drenaje antes de la temporada de lluvias. Los gremios pesqueros exigen planes de reconversión laboral y créditos blandos para enfrentar la probable desaparición de la anchoveta. Los agroexportadores solicitan seguros paramétricos y protocolos de cosecha anticipada. Desde la sociedad civil, organizaciones de base advierten que cualquier plan de evacuación debe incluir garantías de retorno y reconstrucción de viviendas en zonas seguras, evitando que la emergencia sirva de pretexto para desplazamientos forzados sin acompañamiento. El Ejecutivo entrante, por su parte, enfrenta el dilema de asignar presupuesto entre mitigación inmediata y compromisos de infraestructura de mediano plazo que difícilmente estarán listos antes de 2027.
Tendencias y riesgos prospectivos
El aumento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico central, documentado por la NOAA en los últimos cinco años, eleva la probabilidad de que eventos de intensidad similar al de 2017 se repitan con mayor frecuencia. Si el plan de evacuación no se implementa con antelación y con participación comunitaria, el número de damnificados podría superar los 300 mil registrados en 2017. Otro riesgo radica en la posible interrupción de cadenas de frío y puertos, lo que afectaría la reputación de Perú como proveedor confiable de productos frescos en mercados europeos y asiáticos. Finalmente, la falta de una autoridad climática regional permanente podría perpetuar el ciclo de reconstrucción reactiva, incrementando la deuda pública sin resolver la vulnerabilidad estructural del territorio.
La ventana de seis meses que separa la toma de posesión del probable inicio del fenómeno obliga a priorizar acciones de bajo costo y alta efectividad: señalización de rutas de evacuación, actualización de padrones de población en riesgo y convenios con municipalidades para habilitar albergues temporales. Estas medidas, aunque insuficientes para resolver el déficit de infraestructura, pueden reducir pérdidas humanas y económicas mientras se diseña una estrategia de adaptación de más largo alcance que incorpore restauración de cuencas y ordenamiento territorial vinculante.
