Save the Children y la Plataforma de Infancia han reclamado a Meta que incorpore la protección de niños y adolescentes desde el diseño de sus productos, sin depender de demandas judiciales para garantizar sus derechos. Ambas organizaciones consideran insuficiente el acuerdo alcanzado por la compañía en Estados Unidos, que prevé el pago de cerca de 15.400 millones de euros y nuevas salvaguardas por defecto para adolescentes.
El pacto con un grupo de fiscales generales estadounidenses evita la continuidad de un juicio sobre el diseño adictivo de las aplicaciones de Meta. Según informó Europa Press, la empresa no prevé extender por ahora esas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos. Meta señala que supervisará su funcionamiento en ese país y mantendrá un diálogo con los gobiernos para promover experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas.
La especialista de Incidencia en Protección frente a la Violencia de Save the Children, Clara Burriel, sostuvo que la responsabilidad de las plataformas debe figurar tanto en el diseño de los servicios como en sus políticas. La organización pide desactivar por defecto la publicidad comportamental dirigida a menores y eliminar los mecanismos que favorecen conductas adictivas.
Burriel también instó a las administraciones españolas y europeas a establecer obligaciones legales específicas antes de que se produzcan daños. Entre las medidas planteadas figuran evaluaciones obligatorias del impacto de los servicios digitales sobre el bienestar infantil, sistemas eficaces de verificación de edad y auditorías externas periódicas para las empresas privadas.
Críticas por la falta de medidas sobre contenidos nocivos
La técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Marina López, afirmó que la resolución estadounidense deja claro que las empresas tienen obligaciones sobre el uso que hacen los adolescentes de sus servicios, pero advirtió de que el acuerdo es limitado. A su juicio, aunque aborda la reducción del tiempo de uso para evitar hábitos excesivos, no establece medidas sobre los contenidos dañinos.
López citó la violencia sexual, el acoso escolar y la protección de datos como ámbitos en los que se vulneran los derechos de niños y adolescentes. Por ello, defendió regulaciones que incluyan la eliminación de patrones oscuros, una moderación efectiva de contenidos y configuraciones privadas activadas por defecto.
La Plataforma de Infancia recordó que la Observación General 25 de Naciones Unidas, el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y el futuro Proyecto de Ley para la protección de menores en el entorno digital en España ofrecen un marco para reforzar estas garantías. La organización reclama una aplicación estricta de esas normas para que el interés superior del menor prevalezca sobre los intereses comerciales de las plataformas.
