La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha encendido nuevamente las alertas sobre la supervisión de la aviación civil mexicana. Tres años después de haber salido de la Categoría 2, México vuelve a encontrarse cerca del umbral que limitaría la expansión de rutas y frecuencias hacia su principal socio comercial.
El precedente histórico muestra consecuencias concretas. En 2010, la primera degradación redujo un 7 % la capacidad de vuelos hacia Estados Unidos y requirió más de dos años para revertirse. Entre 2021 y 2023, la segunda degradación congeló nuevas rutas de aerolíneas mexicanas, afectó especialmente a Aeroméxico y generó pérdidas estimadas en miles de millones de pesos para el sector.
Compromisos incumplidos y presupuesto insuficiente
La salida de la Categoría 2 en 2023 se sustentó en compromisos concretos ante la FAA y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Estos incluían personal adicional, capacitación continua y presupuesto suficiente para que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cumpliera su programa de verificaciones. Sin embargo, los reportes de gestión actuales documentan verificaciones canceladas o reprogramadas por falta de recursos, mientras la OACI mantiene activa una “Preocupación de Seguridad Significativa” sobre la supervisión aeronaútica mexicana.
El problema central es presupuestario. La AFAC ha señalado que su asignación apenas alcanza para cubrir nómina, sin margen para equipamiento ni formación de inspectores. Estimaciones del sector indican que las necesidades reales superan varias veces lo contemplado en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda, responsable de la asignación de recursos, ha tratado a la autoridad aeronáutica como una partida ordinaria y no como la institución que garantiza el acceso al mercado aéreo más grande del mundo.
Tensiones bilaterales adicionales
A esta situación se suma el conflicto derivado de las restricciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde 2023. El gobierno anterior invocó un mecanismo inadecuado del acuerdo bilateral de 2015, lo que provocó represalias por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Aunque se trata de expedientes distintos, ambos refuerzan en Washington la percepción de dificultades estructurales para cumplir compromisos.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha buscado respaldo de la OACI y la IATA, entre otros organismos. Esta estrategia institucional resulta sensata, pero resulta insuficiente si no se acompaña de recursos, personal y autonomía de gestión sostenidos en el tiempo, no solo antes de una auditoría.
Impacto económico y lecciones del pasado
El sector aeronáutico aporta cerca del 4 % del PIB y sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos. Una nueva degradación llegaría en un momento de alta demanda y limitaría la conectividad con Estados Unidos, que concentra más de un tercio del tráfico internacional de México. La experiencia de 2010 y 2021 demuestra que subsanar los hallazgos de una auditoría siempre resulta menos costoso que la degradación misma.
Para la administración de Claudia Sheinbaum, el desafío consiste en traducir las advertencias técnicas en decisiones presupuestarias oportunas que eviten repetir el ciclo de degradación y recuperación que ya ha afectado dos veces al país en poco más de una década.
