Durante los alegatos finales del juicio contra 485 cabecillas de la MS-13, la Fiscalía General de la República expuso que la pandilla ejecutó al menos diez homicidios contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada entre 2012 y 2022 en la zona metropolitana de San Salvador. Los crímenes se atribuyen directamente a órdenes de la ranfla, la cúpula de la organización, y se produjeron bajo directrices internas denominadas “válvula permanente” o “válvula abierta”, mecanismos diseñados para mantener ofensivas constantes contra representantes del Estado.
Entre los casos emblemáticos figuran el asesinato de un agente de la PNC el 21 de febrero de 2016 por la clica Cusca Locos y el homicidio de otro policía en Mejicanos el 3 de marzo del mismo año. Otro hecho relevante es la ejecución de un militar y su esposa en San Martín en 2020, ordenada por el programa San Martín. Estos ejemplos ilustran cómo la estructura jerárquica trasladaba instrucciones desde la ranfla histórica, la ranfla en libertad y la ranfla en penales hasta los corredores de programa y clica, evidenciando una cadena de mando que busca garantizar la responsabilidad penal colectiva.
Alcance del proceso judicial
El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, abarca 76 casos de la zona metropolitana y 45 de la zona paracentral, la mayoría homicidios. La Fiscalía presentó también la masacre de cinco personas en San Marcos en 2016 y asesinatos de rivales o personas que se negaron a colaborar. La escala del proceso —uno de los mayores contra pandillas en El Salvador— permite mapear la lógica interna de la MS-13: responder a operativos estatales con ataques selectivos y mantener control territorial mediante decisiones centralizadas.
La audiencia continuará con los casos de la zona oriental antes de pasar a los alegatos de la defensa. Este juicio no solo busca condenas individuales, sino documentar cómo la estructura pandilleril operó como una organización cohesionada durante una década.
