El 26 de junio de 2002, dos jóvenes militantes piqueteros fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en la estación de Avellaneda. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán murieron por disparos de arma de fuego mientras participaban en una protesta contra las políticas económicas del gobierno de Eduardo Duhalde. La secuencia quedó registrada en fotografías que desmontaron la versión oficial de un enfrentamiento entre manifestantes.
El contexto previo incluía una profunda crisis económica tras el fin de la convertibilidad, con el dólar superando los cuatro pesos y una desocupación que afectaba a millones de personas. Las protestas piqueteras se habían intensificado en los meses anteriores, y el gobierno provincial buscaba impedir el ingreso de las columnas a la Ciudad de Buenos Aires a través del Puente Pueyrredón.
El operativo y la represión
Las columnas del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Barrios de Pie y el Bloque Piquetero Nacional avanzaban hacia el puente cuando se encontraron con un cordón policial liderado por el comisario Alfredo Franchiotti. La orden era impedir el cruce. En minutos, la policía pasó de disparar balas de goma a munición de plomo. Los manifestantes se dispersaron por las avenidas Mitre, Belgrano y Pavón.
Kosteki, de 22 años, recibió un disparo en la espalda cerca de la estación. Santillán, de 21, intentó protegerlo dentro del hall. Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta irrumpieron y, según las imágenes captadas por los fotógrafos Sergio Kowalewski y Pepe Mateos, ejecutaron a Santillán de un tiro por la espalda mientras este se hallaba de espaldas y con una mano levantada.
El intento de encubrimiento
Las autoridades provinciales y nacionales difundieron de inmediato la versión de un “enfrentamiento entre piqueteros”. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, mencionó supuestos planes de lucha armada discutidos en asambleas. El gobernador Felipe Solá sostuvo ante Nora Cortiñas que se trataba de “pobres contra pobres”. Franchiotti fue recibido y felicitado por Solá horas después de los hechos.
Las fotografías publicadas al día siguiente en Página/12 y Clarín mostraron cartuchos de munición de plomo en el suelo y la secuencia precisa de la ejecución. Los efectivos habían recogido los cartuchos rojos para eliminar evidencias, pero las imágenes impidieron sostener la coartada. El gobierno debió retractarse en menos de 24 horas.
Impacto político inmediato
La crisis generada por las muertes obligó a Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales para abril de 2003 y a abandonar su aspiración de presentarse como candidato. El caso expuso la fragilidad del gobierno interino surgido tras la renuncia de Fernando de la Rúa y evidenció el uso de fuerza letal contra protestas sociales en un momento de alta tensión institucional.
Proceso judicial y sentencias
El fiscal Juan José González ordenó el secuestro de armas de más de cien policías. Las pericias balísticas identificaron las armas de Franchiotti y Acosta como las utilizadas en los homicidios. En enero de 2006, el Tribunal Oral N° 7 de Lomas de Zamora condenó a ambos a prisión perpetua por doble homicidio y siete tentativas. Otros oficiales recibieron penas por encubrimiento agravado. Las sentencias fueron confirmadas por la Suprema Corte bonaerense en 2014 y ratificadas por la Corte Suprema nacional en 2016.
A 24 años de los hechos, solo Franchiotti permanece privado de libertad. Acosta obtuvo la libertad condicional en octubre de 2024 tras cumplir veinte años de condena. La estación de Avellaneda fue rebautizada con los nombres de las víctimas en reconocimiento a su militancia.
Las imágenes tomadas por Kowalewski y Mateos demostraron que la documentación visual puede alterar el curso de una investigación oficial cuando las versiones institucionales carecen de sustento. El caso sigue siendo referencia en debates sobre el uso de la fuerza policial y la memoria de las luchas sociales de principios de siglo.
