La propuesta mexicana conocida como MACARENHA puede influir en la manera en que se entiende y se atiende la enfermedad crónica, pero su alcance dependerá de una distinción esencial: no se trata todavía de una clasificación clínica internacional consolidada, sino de un marco conceptual que busca mostrar la relación entre alteraciones metabólicas, adiposas, cardiacas, arteriales, renales, enterohepáticas y neurológicas asociadas con la hipertensión. Su principal aporte potencial consiste en desplazar la conversación desde órganos aislados hacia procesos conectados. Su principal riesgo es que una etiqueta todavía en construcción se convierta prematuramente en diagnóstico, argumento comercial o explicación totalizante de problemas que tienen causas diversas.
La relevancia de esta discusión no es menor. La ENSANUT Continua 2023 estimó que 37.3% de las personas adultas en México vivían con sobrepeso y 38.9% con obesidad, mientras que la hipertensión alcanzaba a 29.1% de la población adulta. En 2024, las enfermedades del corazón provocaron 192,518 defunciones; la diabetes, 112,577; las enfermedades del hígado, 40,645; las cerebrovasculares, 34,784; y la insuficiencia renal, 17,352, según las cifras citadas del INEGI. Estos datos no permiten atribuir todas esas muertes a MACARENHA, pero sí muestran por qué resulta necesario analizar las enfermedades crónicas como parte de una carga sanitaria interrelacionada.
Una oportunidad para anticipar el daño
El impacto más favorable de MACARENHA podría producirse en la prevención y en la atención primaria. Cuando un paciente con obesidad, presión elevada, alteraciones de glucosa, hígado graso o deterioro renal es atendido por servicios que intercambian información, aumenta la posibilidad de detectar riesgos antes de que aparezcan un infarto, una insuficiencia renal avanzada o una discapacidad permanente. La guía publicada en 2026 por la American Heart Association, el American College of Cardiology, la American Diabetes Association y la American Society of Nephrology apunta en una dirección semejante mediante el síndrome cardiovascular-renal-metabólico, conocido como CKM.
La lógica es clínicamente razonable: la resistencia a la insulina, la inflamación, la grasa visceral, la presión arterial y el daño vascular pueden reforzarse entre sí. Una persona no presenta estos problemas en compartimentos separados, aunque el sistema sanitario sí esté dividido en especialidades. La adopción de modelos integrales podría reducir duplicidades, mejorar la referencia entre médicos y facilitar planes de seguimiento basados en el riesgo conjunto. También permitiría identificar a quienes todavía no tienen una enfermedad manifiesta, pero acumulan señales que justifican intervención.
El beneficio potencial también alcanza a la gestión pública. El análisis nacional citado en la noticia estimó que normalizar la presión arterial de las personas con hipertensión podría evitar alrededor de 1.12 millones de eventos cardiovasculares durante la próxima década. Aunque toda proyección depende de supuestos sobre diagnóstico, adherencia y continuidad del tratamiento, la cifra ilustra el valor económico y social de invertir en mediciones sencillas, medicamentos disponibles y seguimiento constante. Prevenir complicaciones suele costar menos que atender hospitalizaciones, diálisis, incapacidades laborales y cuidados prolongados.
El límite entre un marco útil y una etiqueta excesiva
El primer desafío es científico. MACARENHA necesita validación independiente, criterios operativos y evidencia que demuestre si mejora los resultados frente a los modelos ya existentes. Un acrónimo puede ayudar a organizar una conversación, pero no sustituye estudios longitudinales, biomarcadores confiables ni protocolos clínicos. Si se utiliza sin precisión, podría agrupar condiciones heterogéneas y producir diagnósticos imprecisos. El riesgo aumenta cuando una asociación estadística se presenta como causalidad o cuando se supone que todas las personas con obesidad, hipertensión o diabetes seguirán la misma trayectoria.
También existe un riesgo de medicalización. La identificación temprana es valiosa, pero convertir cada factor de riesgo en enfermedad puede aumentar la ansiedad, las consultas innecesarias y el consumo de pruebas o tratamientos de beneficio incierto. En sentido contrario, una etiqueta amplia podría generar una falsa sensación de control si se limita a clasificar a los pacientes sin garantizar atención, medicamentos y acompañamiento. El éxito no debería medirse por cuántas personas reciben un nuevo nombre clínico, sino por cuántas evitan complicaciones, conservan su autonomía y obtienen una atención oportuna.
La comunicación pública será determinante. Si MACARENHA se difunde como “una nueva enfermedad mexicana”, puede reforzar el estigma hacia los cuerpos grandes y trasladar la responsabilidad casi exclusivamente al individuo. La obesidad no es una falla moral, y una enfermedad crónica no demuestra falta de disciplina. El peso visible tampoco refleja por sí solo el riesgo metabólico: importan la distribución del tejido adiposo, la presión arterial, los antecedentes familiares, la edad, el sueño, la actividad física y otros factores. Una comunicación simplificada puede terminar culpando a quienes necesitan apoyo y ocultando las condiciones que limitan sus opciones.
El entorno comercial entra en el diagnóstico
La propuesta adquiere una dimensión política cuando se relaciona con los determinantes comerciales de la salud. La composición de los productos, el tamaño de las porciones, los precios, la disponibilidad, la publicidad y la facilidad de compra influyen en las decisiones cotidianas. También lo hacen los horarios laborales, el tiempo de traslado, la seguridad de las calles, la organización urbana y el acceso a espacios para descansar o caminar. No significa que las empresas sean responsables de cada enfermedad, pero sí que sus decisiones pueden modificar la exposición colectiva al riesgo.
Esta perspectiva podría impulsar cambios positivos. Las compañías de alimentos tendrían incentivos para reformular productos, ofrecer porciones más razonables y hacer accesibles opciones nutritivas. Las empresas tecnológicas podrían evaluar si sus plataformas fomentan sedentarismo y consumo impulsivo. Los empleadores podrían revisar jornadas, pausas, comedores y condiciones de trabajo. Los desarrolladores urbanos podrían incorporar movilidad peatonal y espacios públicos seguros. Para que esas medidas no sean sólo campañas reputacionales, deberían acompañarse de indicadores verificables, información transparente y evaluación externa.
Sin embargo, la idea de una “huella metabólica empresarial” todavía no es un indicador científico estandarizado. Si se adopta sin metodología, puede convertirse en una herramienta de mercadotecnia verde aplicada a la salud: empresas que anuncian compromisos generales sin cambiar precios, formulaciones, promociones o cargas laborales. También puede producir conflictos entre objetivos legítimos. Una reformulación saludable podría elevar costos; una regulación publicitaria puede afectar ingresos; una pausa laboral puede ser difícil para ciertos sectores; y una pequeña fonda quizá no tenga capital para adquirir mejores insumos o refrigeración. La política pública debe evitar que la transición recaiga de manera desproporcionada en microempresas y trabajadores con menor capacidad de negociación.
La desigualdad decidirá quién se beneficia
La misma recomendación sanitaria tiene efectos distintos según el ingreso, el territorio y el tiempo disponible. Una trabajadora con jornadas extensas, largos desplazamientos, responsabilidades de cuidado y acceso limitado a servicios no enfrenta las mismas alternativas que una persona con empleo flexible, espacios seguros y atención privada. Pedir decisiones saludables sin modificar esas condiciones puede producir un resultado paradójico: quienes más necesitan prevención son quienes encuentran mayores obstáculos para practicarla.
La alimentación popular exige una lectura igualmente cuidadosa. Fondas, puestos, cocinas económicas y pequeños negocios sostienen buena parte del consumo cotidiano y proporcionan ingresos a miles de familias, muchas de ellas encabezadas o sostenidas por mujeres. Una política que demonice estos establecimientos podría destruir empleo sin mejorar la salud. El objetivo tendría que ser hacer viable la oferta saludable mediante crédito, capacitación, agua potable, refrigeración, compras públicas, información clara y acceso a ingredientes de calidad. La elección nutritiva sólo puede expandirse si es económicamente accesible, culturalmente aceptada y rentable para quien la ofrece.
Hay además una dimensión de género que no debería quedar fuera. Las mujeres suelen combinar trabajo remunerado, preparación de alimentos, cuidado de hijos y atención de familiares enfermos, pero con frecuencia disponen de menos tiempo para su propio descanso y seguimiento médico. Si el debate se concentra en la voluntad individual, invisibiliza la distribución desigual de las tareas. La prevención efectiva requiere servicios cercanos, horarios compatibles, corresponsabilidad doméstica y políticas laborales que reconozcan el cuidado como un componente de la economía, no como una actividad ilimitada y gratuita.
La respuesta exigirá coordinación y prudencia
Para que MACARENHA produzca efectos concretos, México necesitaría convertir el concepto en investigación, protocolos y servicios coordinados. Eso implica definir criterios clínicos, capacitar al personal, interoperar expedientes, asegurar medicamentos esenciales y establecer rutas de seguimiento desde el primer nivel. También exige medir resultados por región y grupo social, porque un programa que funciona en una ciudad con amplia infraestructura puede fracasar en comunidades rurales o en zonas con escasez de especialistas.
La prevención no puede descansar únicamente en el sistema sanitario. El Estado debe fortalecer la atención primaria y los espacios públicos; las empresas deben evaluar las consecuencias de productos, horarios y modelos de negocio; las escuelas y familias deben favorecer hábitos sin convertir el cuerpo infantil en objeto de vergüenza; y las organizaciones comunitarias pueden acompañar cambios sostenibles. El desafío consiste en repartir responsabilidades sin diluirlas. Señalar que el entorno influye no debe servir para negar la agencia personal, del mismo modo que pedir autocuidado no debe utilizarse para evitar reformas institucionales.
La incertidumbre permanecerá durante los próximos años. Aún habrá que comprobar si MACARENHA mejora la predicción de riesgos, si sus categorías son reproducibles y si aporta ventajas frente al enfoque CKM y otros modelos internacionales. También habrá que observar cómo reaccionan las industrias, los aseguradores y los gobiernos ante una definición más amplia de salud metabólica. El resultado puede ser una atención más temprana y humana, o una expansión de diagnósticos, costos y vigilancia sobre la vida cotidiana.
La oportunidad está en utilizar MACARENHA como una hipótesis de trabajo y no como una sentencia sobre la población mexicana. Su valor dependerá de que ayude a escuchar señales tempranas, orientar recursos y transformar entornos sin estigmatizar. México no resolverá esta carga con un nuevo término, pero sí puede aprovecharlo para conectar medicina, urbanismo, empleo, alimentación, educación y responsabilidad empresarial. La pregunta decisiva no es quién tiene la culpa de cada cuerpo enfermo, sino qué decisiones colectivas están haciendo más probable la enfermedad y cuáles pueden cambiarse antes de que el daño sea irreversible.
