El conflicto entre diputados de la bancada VOS y el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) pasó de una confrontación durante una sesión interna a convertirse en una disputa política y judicial sobre el control de fondos públicos. El organismo presentó una denuncia penal contra los legisladores José Chic Cardona, Orlando Blanco y Jairo Flores, mientras los diputados preparan nuevas acciones contra funcionarios y autoridades del movimiento olímpico.
La denuncia fue confirmada por Mónica Violeta Morataya Aroche, directora ejecutiva del Conader. Según explicó, los diputados fueron señalados por abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación. Morataya también presentó, a título personal, una denuncia por violencia psicológica contra Chic.
Una sesión interrumpida y dos versiones del mismo episodio
El origen inmediato de la denuncia se encuentra en el ingreso de Chic a las instalaciones del Conader durante una sesión del consejo, acompañado por otras dos personas que, de acuerdo con la versión del organismo, no se identificaron. El Conader sostiene que el diputado avanzó hasta la sala de reuniones, interrumpió una exposición, se sentó en la mesa de sesiones y exigió información de manera inmediata.
La institución afirmó que al legislador se le ofreció atención en la oficina de la dirección ejecutiva y que no hubo agresiones, bloqueo de acceso ni intentos de causar daño. Morataya aseguró que únicamente se le pidió mantener el orden y retirarse para permitir la continuidad de la reunión. El organismo calificó el ingreso como una irrupción ilegal y cuestionó que se pretendiera obtener documentación sin respetar los plazos previstos por la ley.
Los diputados describen los hechos desde otra perspectiva. Para Chic, quien preside la Comisión de Deportes del Congreso, su presencia respondía a una labor de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria y los pagos efectuados por una entidad que administra recursos estatales. La diferencia entre ambas versiones no es menor: mientras el Conader invoca la protección del funcionamiento institucional, los legisladores sostienen que la autoridad pública no puede utilizar los procedimientos internos para impedir el control político.
El presupuesto de 42,8 millones concentra las preguntas
El punto sustantivo de la controversia es la ejecución de un presupuesto de 42,8 millones de quetzales asignado al Conader. Chic afirmó que personal administrativo le informó que se habían ejecutado 16,1 millones, una cifra que, según su planteamiento, requiere ser contrastada con los registros oficiales, los contratos y los objetivos presupuestarios aprobados.
Durante una conferencia frente al Palacio Nacional de la Cultura, el diputado entregó una carta abierta al presidente Bernardo Arévalo y preguntó si la respuesta del Gobierno a las labores de control sería la persecución y la criminalización. También mencionó 934.000 quetzales pagados en dietas durante el año, con asignaciones de hasta 30.000 quetzales mensuales para algunos integrantes del consejo, además de viáticos y gastos de representación.
Entre los pagos cuestionados citó un viaje a Serbia del director de la Dirección General de Educación Física y una erogación de 25.000 quetzales en gastos de representación para el delegado presidencial ante el Conader. Estos señalamientos no prueban por sí mismos una irregularidad, pero sí delimitan las verificaciones que deberían realizarse: quién autorizó cada desembolso, bajo qué normativa, qué servicio o actividad lo justificó y si la información fue publicada de forma completa y oportuna.
Contratos de los Juegos Centroamericanos bajo revisión
La revisión legislativa comenzó, según Chic, en agosto, cuando la Comisión de Deportes identificó operaciones por 20,4 millones de quetzales relacionadas con hospedaje y alimentación de los Juegos Centroamericanos 2025. El diputado sostuvo que esos movimientos no aparecían registrados en Guatecompras de la manera esperada y añadió a la revisión una ampliación presupuestaria de 13,97 millones de quetzales.
También afirmó que parte de los recursos trasladados a comités olímpicos de otros países habría sido enviada a seis cuentas bancarias en el extranjero. Se trata de una acusación que demanda documentación financiera y contractual para establecer el origen, los destinatarios y el propósito de las transferencias. Sin esos elementos, el debate corre el riesgo de reducirse a declaraciones enfrentadas, precisamente en un caso donde la trazabilidad del dinero debería ocupar el centro.
Blanco, quien acompañó a Chic, anunció citaciones desde la Comisión de Deportes y calificó como posible nepotismo la circulación de funcionarios entre cargos del sector. Chic señaló que un exviceministro de Deportes identificado como Chan ahora trabaja en el Conader, mientras que Alarcón, anteriormente asesor de la entidad, pasó a ocupar un viceministerio. La existencia de una rotación de funcionarios tampoco determina por sí sola una infracción, pero puede justificar un examen de requisitos, conflictos de interés y procedimientos de contratación.
La confrontación alcanza al movimiento olímpico
Jairo Flores sostuvo que el altercado vulneró la Carta Olímpica y el Código de Ética del Comité Olímpico Internacional. La bancada VOS anunció que llevará el caso ante la Organización Deportiva Centroamericana, Panam Sports y el propio Comité Olímpico Internacional. Además, Flores afirmó que autoridades del Ministerio de Educación le indicaron que el director de la Dirección General de Educación Física no participó en la elaboración del comunicado del Conader ni fue consultado sobre las denuncias.
El enfrentamiento también involucra a Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, con quien Chic tuvo el cruce durante la sesión. Los diputados anunciaron denuncias y querellas adicionales contra Aguirre y contra abogados que, según afirmaron, promovieron acciones ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. VOS pidió asimismo una reunión con Arévalo y exigió la renuncia de Aguirre.
El riesgo institucional de un conflicto sin controles verificables
La disputa combina tres planos que deberían tramitarse con reglas distintas: una posible infracción penal, una controversia sobre el ejercicio de la fiscalización legislativa y preguntas concretas sobre presupuesto, contratos y transferencias. Cuando esos planos se mezclan, las denuncias pueden convertirse en instrumentos de presión y las acusaciones financieras pueden quedar subordinadas a la pelea política.
La salida institucional exige que el Ministerio Público y las entidades de control determinen si existieron delitos o irregularidades, mientras el Congreso documenta sus requerimientos dentro de las facultades y procedimientos correspondientes. El Conader, por su parte, debería facilitar registros completos sobre ejecución presupuestaria, dietas, viáticos, contrataciones y recursos de los Juegos Centroamericanos. La transparencia de esos datos permitiría separar una fiscalización legítima de un ingreso indebido y una defensa institucional válida de una eventual resistencia al escrutinio público.
