La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, instaló la Junta del Sistema de Cuidados, el órgano encargado de articular, coordinar, monitorear y evaluar la política pública relacionada con las labores de cuidado. Durante el acto, designó a Lidia Rodríguez Chávez como secretaria técnica y fijó una primera agenda de trabajo con plazos concretos para convertir la legislación aprobada en mayo en instrumentos de aplicación institucional.
La instalación ocurre después de que el Congreso capitalino aprobara, el pasado 26 de mayo, la Ley del Sistema de Cuidados. Para Brugada, ese ordenamiento representa un “parteaguas en la lucha feminista por la emancipación de las mujeres”, porque plantea que las tareas de cuidado deben dejar de resolverse exclusivamente dentro de los hogares y convertirse en una responsabilidad reconocida por la política pública.
“Las mujeres han sostenido al mundo. Es hora de que el mundo sostenga a las mujeres”, afirmó la mandataria. La frase resume el eje político del nuevo sistema: redistribuir una carga que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres y construir una red de servicios, instituciones y responsabilidades compartidas entre el Estado, los hombres, las familias y la sociedad.
Una estructura para coordinar responsabilidades dispersas
El valor operativo de la Junta radica en que reúne una función de coordinación que hasta ahora podía encontrarse fragmentada entre distintas dependencias y niveles de gobierno. El cuidado comprende actividades muy diversas: atención a niñas y niños, apoyo a personas mayores, acompañamiento de personas con discapacidad, labores domésticas y asistencia cotidiana a quienes requieren ayuda para realizar actividades básicas.
Sin una instancia que establezca objetivos comunes, mida resultados y supervise la oferta disponible, los programas pueden permanecer aislados y no responder a las necesidades reales de cada territorio. Por ello, la Junta tendrá que definir mecanismos de colaboración entre el Gobierno central y las 16 alcaldías, además de establecer indicadores que permitan saber no sólo cuántos servicios existen, sino quiénes acceden a ellos, con qué frecuencia y qué cargas familiares logran reducir.
La designación de Rodríguez Chávez busca dar continuidad técnica a esa tarea. La funcionaria cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública y fue coordinadora general del Sistema de Cuidados en la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. Su trayectoria dentro del propio ámbito puede facilitar la elaboración de reglas y procedimientos, aunque la eficacia del sistema dependerá también de la coordinación presupuestaria y de la capacidad de las instituciones para compartir información.
El peso desigual que muestran las cifras
Los datos presentados por la administración capitalina explican la urgencia de la reforma. En la Ciudad de México hay dos millones 154 mil 230 personas encargadas del cuidado de menores de entre cero y 14 años; de ellas, un millón 284 mil 564 son mujeres. La diferencia no es un asunto meramente estadístico: refleja una distribución desigual del tiempo, de las responsabilidades y de las oportunidades laborales y educativas.
Cuando el cuidado se asigna principalmente a las mujeres y se realiza sin remuneración, sus costos pueden expresarse en menor participación económica, interrupciones de trayectoria profesional y una mayor dependencia financiera. La ley busca modificar esa estructura al plantear que el cuidado no debe depender únicamente de las mujeres ni permanecer como una obligación privada de los hogares.
La redistribución, sin embargo, no se produce sólo mediante declaraciones institucionales. Requiere servicios accesibles, horarios compatibles con las jornadas laborales, personal capacitado y una cobertura territorial suficiente. También exige que los hombres participen de manera efectiva en las tareas domésticas y familiares, pues trasladar el cuidado de un hogar a otro sin cambiar los patrones de género dejaría intacto el problema de fondo.
La agenda de los primeros 90 días
Brugada instruyó a la Junta elaborar, en un plazo de 90 días, el reglamento de la Ley del Sistema de Cuidados. Ese documento será decisivo porque deberá precisar competencias, procedimientos de coordinación y responsabilidades administrativas. La ley establece el marco general; el reglamento tendrá que definir cómo se aplica, quién ejecuta cada acción y cómo se revisará el cumplimiento.
Otra tarea consiste en diseñar una metodología para medir el valor económico y social del trabajo de cuidados no remunerado. Contabilizarlo permite visibilizar una contribución que suele quedar fuera de los indicadores económicos convencionales. También puede servir para orientar presupuestos y evaluar si las políticas públicas reducen efectivamente el tiempo que las familias destinan a tareas que podrían ser cubiertas por servicios especializados.
La Junta deberá convocar además a las 16 alcaldías para que creen sus propios órganos locales. Esta dimensión territorial será fundamental: las necesidades de cuidado no son idénticas en todas las demarcaciones y pueden variar según la edad de la población, la disponibilidad de transporte, la concentración de servicios y las condiciones socioeconómicas de cada zona. Las juntas locales podrían acercar la planeación a los barrios, siempre que cuenten con facultades y recursos suficientes.
Del mapa de servicios a un nuevo modelo de vivienda
Entre las instrucciones anunciadas se encuentra el desarrollo de un mapa interactivo que permita identificar la oferta de servicios de cuidado en cada territorio. La herramienta puede ayudar a localizar estancias infantiles, comedores, lavanderías y otros apoyos, además de mostrar posibles zonas de déficit. Su utilidad dependerá de que la información esté actualizada, incluya criterios de acceso y permita distinguir entre servicios disponibles, saturados y realmente operativos.
La mandataria también planteó diseñar un modelo de vivienda pública que incorpore estancias infantiles, lavanderías, comedores y espacios de convivencia. La propuesta vincula la política de cuidados con la planificación urbana: si ciertos servicios se encuentran cerca de las viviendas, disminuyen los desplazamientos y el tiempo que las familias destinan a resolver necesidades básicas. No obstante, el modelo requerirá definir estándares de operación, mantenimiento y seguridad para evitar que la infraestructura se convierta en una promesa sin capacidad permanente de atención.
La instalación de la Junta marca el paso de una demanda social y feminista hacia una estructura formal de gobierno. El desafío inmediato será demostrar que esa estructura puede coordinar instituciones, medir el trabajo invisible y ampliar servicios concretos. Los próximos 90 días permitirán evaluar si la nueva política comienza a traducirse en reglas, presupuestos y responsabilidades verificables, condiciones necesarias para que el cuidado deje de ser una carga privada y se consolide como un derecho público.
