La victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales peruanas de 2026 marca el cierre de un ciclo electoral particularmente largo y polarizado. Tras derrotar a Roberto Sánchez, la candidata de Fuerza Popular asumirá el cargo el 28 de julio relevando a José María Balcázar. Esta transición no solo representa un cambio de gobierno, sino que obliga a examinar las raíces históricas que sustentan su llegada al poder y las consecuencias estructurales que podría generar en los próximos cinco años.
Orígenes del fujimorismo y el camino de Keiko
El ascenso de Keiko Fujimori no puede entenderse sin revisar el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. Durante esa década se implementaron reformas económicas radicales y se derrotó militarmente a Sendero Luminoso, pero también se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas y las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Keiko, quien ocupó el cargo de primera dama tras el divorcio de sus padres, heredó tanto el capital político como el estigma asociado a esas prácticas. Desde su primera candidatura presidencial en 2011, ha intentado tres veces alcanzar la presidencia, perdiendo en segunda vuelta en 2011 y 2016, y enfrentando un intento fallido en 2021. Cada campaña ha reforzado una narrativa de orden y estabilidad económica que resuena especialmente entre sectores empresariales y clases medias urbanas.
El resultado de 2026 refleja un electorado dividido entre quienes valoran la promesa de continuidad macroeconómica y quienes temen un retroceso en materia de institucionalidad. La ausencia de un candidato de izquierda fuerte en la segunda vuelta permitió a Fujimori capitalizar el voto anti-Sánchez sin necesidad de ampliar significativamente su base histórica.
Reconfiguración del sistema de partidos
La llegada de Fujimori al poder podría consolidar una tendencia de personalismo político que ha caracterizado al Perú desde la década de 1990. Fuerza Popular, el partido que lidera, ha funcionado históricamente como una estructura familiar más que como una organización con militancia territorial amplia. Esta característica dificulta la construcción de mayorías legislativas estables, como quedó demostrado durante los gobiernos interinos de los últimos años. Un posible escenario es que el Congreso, fragmentado, recurra nuevamente al uso de la vacancia presidencial como herramienta de control, prolongando la inestabilidad institucional que ha marcado los últimos siete años.
En términos regionales, el fujimorismo suele tener mayor apoyo en la costa norte y en sectores urbanos de Lima. Sin embargo, el sur andino y las zonas rurales siguen mostrando resistencia, lo que podría traducirse en tensiones durante la implementación de políticas de seguridad y desarrollo territorial. La experiencia de los gobiernos regionales fujimoristas en el pasado sugiere que la articulación con autoridades locales no siempre ha sido fluida.
Efectos en la economía y las relaciones internacionales
Desde el punto de vista económico, los mercados financieros reaccionaron con moderado optimismo tras conocerse los resultados. La promesa de mantener la disciplina fiscal y atraer inversión extranjera coincide con las expectativas de los grandes grupos empresariales. No obstante, la designación de ministros con perfiles más cercanos al ala dura del partido podría generar incertidumbre entre inversionistas extranjeros preocupados por posibles retrocesos en estándares de gobernanza corporativa.
En política exterior, Fujimori ha señalado su intención de fortalecer lazos con Estados Unidos y la Unión Europea, al tiempo que mantiene una postura pragmática frente a China, principal socio comercial del Perú. El riesgo radica en que la imagen internacional de su padre —condenado por corrupción y violaciones a derechos humanos— pueda complicar la agenda de tratados y foros multilaterales. Casos como el de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe muestran que los legados autoritarios suelen requerir un esfuerzo sostenido de diplomacia para ser superados.
Impacto en derechos humanos y tejido social
Uno de los aspectos más sensibles de este gobierno será la gestión de la memoria histórica. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la posibilidad de que se minimicen los casos de violaciones ocurridos en los noventa. Aunque Fujimori ha afirmado que no impulsará indultos masivos, cualquier señal de impunidad podría reavivar protestas y movilizaciones sociales, especialmente en regiones donde las secuelas del conflicto armado interno siguen presentes. El precedente de las marchas contra el indulto a Alberto Fujimori en 2017 demuestra que estos temas conservan capacidad de movilización.
A nivel social, el gobierno de Fujimori podría profundizar la polarización existente entre quienes ven en el fujimorismo un garante de estabilidad y quienes lo asocian con autoritarismo. Esta división atraviesa familias, universidades y espacios laborales, y dificulta la construcción de consensos mínimos en torno a reformas estructurales pendientes, como la del sistema de pensiones o la mejora de la calidad educativa.
Perspectivas de largo plazo
A cinco años vista, el mandato de Keiko Fujimori podría determinar si el fujimorismo logra transformarse en una fuerza política institucionalizada o si permanece como un fenómeno personalista. La experiencia de otros países latinoamericanos indica que los liderazgos familiares suelen enfrentar dificultades para renovarse cuando el fundador ya no está en escena. Si Fujimori logra completar su período sin crisis graves de gobernabilidad, podría sentar las bases para una alternancia más ordenada en el futuro. En caso contrario, el riesgo de mayor fragmentación y desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas se incrementaría significativamente.
El verdadero desafío no radicará tanto en las funciones constitucionales que asumirá —que están claramente delimitadas— como en su capacidad para articular mayorías y gestionar las expectativas de un país que sigue demandando respuestas concretas a problemas estructurales de desigualdad, seguridad y calidad de servicios públicos.
