El Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas documentó el reclutamiento de al menos 300 ciudadanos salvadoreños por empresas militares privadas desde julio de 2025. Estos combatientes fueron enviados al este del país para apoyar operaciones del Ejército congoleño contra grupos rebeldes, principalmente el Movimiento 23 de Marzo (M23). El hallazgo aparece en el informe que cubre investigaciones hasta abril de 2026 y que se publicó tras la prórroga del mandato del grupo el pasado 30 de junio.
La presencia de personal salvadoreño no se limitó a tareas logísticas iniciales en Kisangani. Según testimonios recogidos por los expertos, los contratados pasaron a participar en despliegues activos en primera línea en Walikale, Baraka y Kalemie. Esta evolución refleja la creciente dependencia del Gobierno congoleño de actores externos ante la ofensiva rebelde que, a finales de enero de 2025, permitió al M23 tomar Goma y, semanas después, Bukavu.
Contexto del conflicto y rol de actores externos
El este de la República Democrática del Congo acumula más de tres décadas de violencia impulsada por el control de minerales estratégicos y la fragilidad institucional. La misión de la ONU (MONUSCO) mantiene presencia desde 1999, pero su capacidad para contener la escalada ha sido limitada. El apoyo ruandés al M23, señalado reiteradamente por informes anteriores, ha añadido una dimensión regional que complica cualquier solución diplomática inmediata.
En este marco, la contratación de mercenarios salvadoreños representa una nueva capa de internacionalización del conflicto. Las empresas militares privadas ofrecen al Gobierno de Kinshasa una vía rápida para reforzar efectivos sin recurrir a reclutamiento masivo interno, aunque plantean interrogantes sobre control de operaciones, rendición de cuentas y posible violación de embargos de armas.
La empresa intermediaria y condiciones contractuales
El informe identifica a la sociedad salvadoreña Importaciones de Productos Americanos (IMPROA S.A. de C.V.) como intermediaria principal. Registrada a nombre de dos exmilitares retirados, Juan Emilio Velasco Alfaro y Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga, la empresa carece en su objeto social de referencias explícitas a servicios de seguridad en el extranjero. Los expertos interpretan esta discrepancia como indicio de una ampliación no declarada de actividades.
Los reclutados, en su mayoría exintegrantes de las fuerzas armadas y policía de El Salvador, firmaron contratos anuales a cambio de 4.225 dólares mensuales. Varios regresaron antes de completar el periodo por impagos salariales o problemas de salud, entre ellos casos de malaria que requirieron hospitalización en su país de origen. Los campamentos improvisados en Kisangani, documentados con fotografías, muestran fortificaciones básicas de sacos de arena y refugios rudimentarios que evidencian condiciones operativas precarias.
Respuesta del Gobierno salvadoreño y vacíos normativos
Las autoridades de El Salvador comunicaron al Grupo de Expertos que desconocían la presencia de sus ciudadanos en territorio congoleño y que ningún reclutamiento había sido autorizado. Esta postura oficial contrasta con la escala del operativo y abre preguntas sobre mecanismos de supervisión de empresas registradas localmente que operan en zonas de conflicto.
El caso salvadoreño no es aislado. Otros informes de la ONU han señalado la participación de contratistas de distintas nacionalidades en el este africano. La falta de transparencia en los contratos y la ausencia de marcos regulatorios regionales facilitan que estas operaciones sigan expandiéndose sin control efectivo.
Implicaciones para la estabilidad regional
La incorporación de combatientes extranjeros añade complejidad a cualquier negociación de alto el fuego. El M23 ha utilizado la presencia de mercenarios como argumento para justificar su propia expansión territorial y para cuestionar la legitimidad del Ejército congoleño. Al mismo tiempo, la participación de personal salvadoreño podría tensar las relaciones diplomáticas entre El Salvador y países de la región africana que ya expresan preocupación por la injerencia externa.
Los expertos recomiendan que el Consejo de Seguridad refuerce los mecanismos de rastreo de empresas militares privadas y exija mayor transparencia a los Estados que las registran. Sin embargo, la prórroga del mandato hasta agosto de 2027 indica que la comunidad internacional prevé una continuidad del conflicto y de las dinámicas que lo alimentan.
La documentación de estos reclutamientos llega en un momento en que el este congoleño enfrenta una de sus peores crisis humanitarias de los últimos años. La combinación de actores estatales, rebeldes y contratistas privados dificulta la aplicación de normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, dejando a la población civil expuesta a riesgos crecientes.
