La Fiscalía General de la Nación reanudó este 2 de julio de 2026 la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otras doce personas por presuntas irregularidades en la operación del lote Aguas Vivas, que habrían generado un detrimento patrimonial superior a 40.000 millones de pesos para el Distrito.
El caso, que se desarrolla ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, constituye el expediente penal más avanzado contra Quintero. En esta etapa previa al juicio oral, la Fiscalía sostendrá cargos y presentará pruebas hasta el 14 de julio, tras múltiples recursos, solicitudes de nulidad y aplazamientos que han dilatado el calendario.
Reconocimiento de Medellín como víctima
El juzgado reconoció al Distrito de Medellín como víctima dentro del proceso. Esta decisión permite a la administración distrital intervenir de forma formal, solicitar pruebas, presentar observaciones y participar en las audiencias futuras. Sin embargo, el reconocimiento no define responsabilidades penales ni anticipa condena alguna, limitándose a ampliar la participación procesal de la ciudad.
Los cargos imputados incluyen interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación. La Fiscalía sostiene que las actuaciones investigadas beneficiaron a empresas y a un particular vinculados con la operación del predio, generando el posible detrimento patrimonial señalado.
Contexto político y judicial
El avance del proceso mantiene la tensión política en torno a la continuidad de Quintero al frente de la Superintendencia Nacional de Salud. El expediente Aguas Vivas se ha convertido en uno de los casos de mayor impacto político, económico y judicial en Medellín en los últimos años, por la relevancia del investigado y el monto involucrado.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, señaló que la defensa sustentará su recurso de apelación tras meses de trámites dilatorios. Recordó que el proceso ya superó la etapa de imputación y se encuentra en formulación de acusación, con audiencias programadas hasta mediados de julio.
Repercusiones en Supersalud
Paralelamente al caso Aguas Vivas, Quintero confirmó el 30 de junio una denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia por presunta obstrucción a labores de inspección de la Superintendencia. Según el funcionario, los directivos se negaron a entregar información solicitada durante una auditoría, lo que constituye una violación a la Constitución y la ley. La Supersalud adelantará acciones ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, además de posibles multas sucesivas.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había advertido a finales de junio sobre la necesidad de que las actuaciones de la Superintendencia se mantuvieran dentro del marco legal y de sus competencias, sin convertirse en un mecanismo de hostigamiento político.
Balance del proceso
El reconocimiento de Medellín como víctima y la continuación de las audiencias hasta el 14 de julio marcan un punto relevante en la evolución del expediente. Sin embargo, corresponde a la Fiscalía sustentar con rigor las pruebas que respalden los cargos, mientras la defensa ejerce los recursos que la ley otorga. El desenlace dependerá de la valoración judicial de los elementos probatorios presentados, en un proceso que sigue su curso sin que hasta ahora exista condena alguna.
El caso Aguas Vivas ilustra la complejidad de los procesos penales que involucran a altos funcionarios públicos, donde los tiempos judiciales se extienden por recursos legítimos y donde las decisiones intermedias, como el reconocimiento de víctima, amplían la participación sin prejuzgar el fondo del asunto.
