Washington. Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron el martes a cuatro personas en un ataque contra una embarcación presuntamente usada para el contrabando de drogas en el mar Caribe. Con esa operación, el gobierno de Donald Trump elevó a por lo menos 227 el número de muertos en su ofensiva de varios meses contra el tráfico de drogas en Latinoamérica, según el conteo citado en el comunicado militar.
El Comando Sur informó que el ataque formó parte de la campaña que Washington mantiene desde hace casi un año contra lo que denomina “narcoterroristas”. Como en avisos anteriores sobre acciones en el océano Pacífico y el Caribe, el mando señaló que la ofensiva estuvo dirigida contra presuntos traficantes en rutas conocidas de contrabando, pero no aportó pruebas de que la embarcación llevara drogas a bordo.
En el video difundido en la red social X se observaba lo que parecía una embarcación en movimiento seguida de un destello. El golpe del martes ocurrió apenas dos días después de que las fuerzas armadas abatieran a dos personas a bordo de otra embarcación sospechosa de traficar drogas en el Pacífico, una acción que puso fin a una pausa de más de dos meses en la campaña estadounidense contra presuntos contrabandistas.
Tras ese reinicio, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, escribió que Estados Unidos está comprometido a imponer una “fricción sistémica total” a los narcoterroristas, interrumpir sus operaciones y desmantelar su liderazgo. En paralelo, el gobierno de Trump busca acuerdos con varios países de Latinoamérica para extender la ofensiva a tierra.
Durante una visita a Panamá hace unas semanas, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales dentro de su territorio. Guatemala lo negó, mientras Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo. Trump, por su parte, sostiene que hay un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina y justifica los ataques como una escalada para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque su gobierno ha ofrecido poca evidencia pública para sostener que las víctimas eran contrabandistas.
