El acuífero cuaternario del Campo de Cartagena no constituye la principal amenaza para el Mar Menor, según los resultados preliminares de una investigación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín, presentó estas conclusiones el 29 de junio tras el relevo en el cargo de Francisca Baraza. El estudio, dotado con diez millones de euros y en marcha desde hace tres años, forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para la laguna y se basa en 36 sondeos que generaron más de 700 mediciones y 200 análisis de aguas subterráneas.
Los datos indican que, aunque las masas de agua presentan contaminación por nitratos y otros compuestos, su contribución directa al deterioro del ecosistema marino es menor de lo que se había supuesto. En cambio, los episodios de lluvias intensas generan avenidas que arrastran contaminantes acumulados en superficie y provocan los desequilibrios más graves observados en los últimos años.
Contexto de la crisis ecológica
El Mar Menor ha sufrido desde 2016 varios episodios de eutrofización masiva que han provocado mortandades de peces y cambios en la composición de su flora y fauna. Las causas identificadas históricamente incluyen vertidos agrícolas, residuos mineros de las sierras de Cartagena y La Unión, y el desarrollo urbanístico en la ribera. La investigación reciente matiza el peso relativo de cada fuente y señala que las avenidas pluviales actúan como mecanismo de transporte rápido de contaminantes hacia la laguna, superando en impacto a la descarga subterránea continua.
Las intervenciones ya ejecutadas bajo el Marco de Actuaciones Prioritarias han sellado depósitos mineros y clausurado aproximadamente 9.000 hectáreas de regadíos irregulares. Estas medidas habrían evitado la llegada de cerca de mil toneladas de nutrientes anuales. El estudio subraya que continuar actuando en origen resulta más eficaz que intentar mitigar los efectos una vez que los contaminantes han entrado en la laguna.
Competencias autonómicas pendientes
Laura Martín ha recordado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia exclusiva sobre dos instrumentos normativos clave: el nuevo plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente y el plan de gestión de la zona vulnerable. La ausencia de este último documento podría derivar en sanciones por parte de la Unión Europea. La comisionada ha pedido que ambos textos se elaboren con ambición técnica y rapidez administrativa para reforzar las restricciones sobre usos del suelo y prácticas agrarias.
La distinción entre amenaza principal y amenazas secundarias tiene implicaciones prácticas inmediatas. Si las avenidas pluviales son el vector dominante, las políticas de restauración hidrológica y control de escorrentías deben cobrar prioridad presupuestaria y normativa. Al mismo tiempo, la contaminación del acuífero sigue requiriendo vigilancia y medidas de atenuación a medio plazo, pero ya no se presenta como el factor más urgente para evitar nuevos colapsos ecológicos.
Implicaciones para la gestión futura
Los resultados preliminares se presentarán formalmente mañana en una comisión técnica y en octubre durante un simposio científico. Hasta entonces, el Ministerio mantiene que las actuaciones en origen siguen siendo la estrategia más eficiente. Esta lectura coincide con observaciones previas de organismos como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que han documentado cómo las tormentas de alta intensidad movilizan sedimentos y nutrientes acumulados en zonas de cultivo y antiguas explotaciones mineras.
El informe también pone de relieve la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana ante lluvias extremas y de restaurar zonas de infiltración natural en la cuenca. Estas medidas complementarias podrían reducir el volumen de escorrentía que alcanza directamente el Mar Menor y, por tanto, limitar los picos de contaminación asociados a cada episodio meteorológico.
La investigación no exime a las administraciones de seguir controlando los aportes subterráneos, pero reordena las prioridades de inversión y regulación. En un contexto de cambio climático que augura mayor frecuencia de lluvias torrenciales, actuar sobre la escorrentía superficial aparece como la vía más directa para estabilizar el ecosistema en los próximos años.
