Amenazas a la economía peruana por inseguridad y El Niño

La reciente encuesta del Instituto Peruano de Economía revela que la inseguridad ciudadana y los riesgos climáticos encabezan las preocupaciones de los especialistas para el segundo semestre de 2026. Estos dos frentes no solo afectan el crecimiento inmediato, sino que configuran un escenario de mayor incertidumbre para la inversión privada y la estabilidad macroeconómica en los próximos años.

El desplazamiento de la incertidumbre electoral por estos factores indica un cambio en la percepción de riesgos. Los economistas consultados otorgan mayor peso a problemas estructurales que han permanecido sin resolver durante los últimos cinco años, lo que sugiere que las expectativas de recuperación dependen ahora de acciones concretas del próximo gobierno.

Efectos sobre la inversión privada y la confianza empresarial

La designación de un equipo económico técnico aparece como condición indispensable para restaurar la confianza. Cuando los inversionistas perciben debilidad en el combate al crimen organizado, tienden a posponer proyectos de mediano plazo, especialmente en sectores como minería, agroexportación y construcción. Esta postergación puede traducirse en una caída de la formación bruta de capital fijo de entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales durante 2027, según estimaciones derivadas de episodios anteriores de deterioro del orden interno.

Por otro lado, la ejecución oportuna de obras de protección contra El Niño Costero podría generar un efecto multiplicador positivo en el corto plazo. La rehabilitación de defensas ribereñas y sistemas de drenaje moviliza empleo local y demanda de materiales, lo que sostiene la actividad en regiones vulnerables. Sin embargo, este impulso depende de que las licitaciones se realicen con transparencia y plazos realistas; de lo contrario, los recursos podrían desviarse o ejecutarse con retrasos que anulen el beneficio esperado.

Impacto en las finanzas públicas y la eficiencia del gasto

El deterioro de las finanzas públicas figura entre los riesgos identificados por más de un tercio de los encuestados. Un aumento sostenido del gasto en seguridad sin contrapartida en ingresos tributarios podría elevar el déficit fiscal por encima del 3 % del PBI en 2027. Esta trayectoria reduciría el margen de maniobra para responder a choques externos y encarecería el servicio de la deuda, especialmente si las agencias calificadoras revisan a la baja la perspectiva crediticia del país.

Al mismo tiempo, la simplificación administrativa y el destrabe de inversiones, mencionados como prioridades secundarias, ofrecen una vía para compensar parte de ese desequilibrio. Si se concretan reformas que acorten los tiempos de permisos ambientales y municipales, el sector privado podría absorber parte del empleo que la inversión pública no logre generar, mitigando el impacto fiscal de las medidas de seguridad.

Consecuencias sectoriales y regionales

Las regiones costeras y andinas concentran la mayor exposición a inundaciones y movimientos en masa. Las 1,5 millones de viviendas en riesgo alto por movimientos en masa representan un pasivo contingente que, de materializarse, obligaría al Estado a destinar recursos extraordinarios para reubicación y reconstrucción. Este escenario afectaría especialmente a los gobiernos locales, cuya capacidad de respuesta ya se encuentra limitada por baja recaudación y escasa planificación territorial.

En el sector agropecuario, la interrupción de canales de riego y la pérdida de cultivos durante un evento climático intenso puede reducir las exportaciones no tradicionales entre 8 % y 12 % en la campaña siguiente. Las empresas más pequeñas, sin acceso a seguros ni a líneas de crédito contingentes, enfrentan mayor probabilidad de quiebra, lo que acentúa la informalidad y debilita las cadenas de suministro regionales.

Riesgos de gobernabilidad y reformas legislativas

El amplio respaldo de los economistas a que el próximo Ejecutivo solicite facultades legislativas para seguridad y lucha contra economías ilegales refleja la urgencia percibida. No obstante, el uso intensivo de estas facultades conlleva el riesgo de concentración de poder y menor escrutinio parlamentario. Si las medidas adoptadas carecen de indicadores claros de resultado, podría repetirse el patrón de anuncios sin ejecución que caracterizó los últimos cinco años, erosionando aún más la credibilidad institucional.

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