El exconcejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Gallego, declaró el 2 de julio de 2026 ante la comisión de investigación en Les Corts que la entonces edil de Urbanismo Rocío Gómez le informó, minutos antes de un pleno municipal en julio de 2024, de que poseía una vivienda de protección pública en el residencial Les Naus. Gómez, que dimitió en febrero de 2025 tras conocerse su adjudicación, aseguró que el piso era anterior a su entrada en política y que todo el proceso era legal. Gallego relató que Gómez le pidió que respondiera en su lugar a una pregunta de la oposición sobre el procedimiento de adjudicación de estas viviendas construidas sobre suelo municipal enajenado en la Playa de San Juan.
La comparecencia ha reavivado las exigencias de dimisión del alcalde Luis Barcala por parte de Compromís y el PSOE, que interpretan las declaraciones como prueba de que el equipo de gobierno conocía la situación desde al menos 2024 y reasignó competencias de Patrimonio a Gallego precisamente para gestionar el expediente.
Precisión de los hechos documentados
Los elementos centrales son tres: la comunicación directa entre Gómez y Gallego en julio de 2024, la solicitud de sustitución en el pleno y la posterior reasignación de competencias de Urbanismo y Patrimonio. La investigación judicial abierta por posibles irregularidades en la adjudicación de VPP en Les Naus examina si la condición de cooperativista de cargos públicos o sus familiares vulneró los criterios de prioridad establecidos en la normativa autonómica valenciana, que reserva estas viviendas a solicitantes en lista de espera con requisitos de ingresos y residencia.
Impacto en la política de vivienda protegida
El caso erosiona la credibilidad del sistema de adjudicación de VPP en la Comunidad Valenciana, donde la escasez de vivienda asequible ha llevado a múltiples promociones sobre suelo público. Cuando un concejal de Urbanismo resulta adjudicataria, se genera la percepción de que los controles administrativos fallaron en la fase de verificación de incompatibilidades. Esto afecta directamente a miles de familias en lista de espera que ven reducida la confianza en que el criterio de necesidad prime sobre relaciones políticas o administrativas.
Primer análisis original: la cadena de conocimiento interno
La declaración de Gallego establece un momento concreto de transmisión de información dentro del equipo de gobierno. Si el alcalde reasignó competencias de Patrimonio justo después de esa conversación de julio de 2024, existe una correlación temporal que la oposición utiliza como indicio de gestión preventiva. Esta lectura se apoya en que la retirada de funciones a Gómez coincidió con la necesidad de responder preguntas sobre el mismo expediente, lo que sugiere que la dirección municipal optó por aislar el área sensible en lugar de activar mecanismos internos de alerta o abstención.
Segundo análisis original: efecto sobre la fiscalización municipal
La comparecencia en Les Corts revela limitaciones estructurales de las comisiones de investigación autonómicas cuando los hechos ocurren en ayuntamientos. Aunque se han aportado testimonios, la falta de acceso inmediato a expedientes completos de adjudicación retrasa la reconstrucción cronológica. Esta brecha permite que los responsables locales mantengan márgenes de maniobra hasta que la presión política o judicial obligue a mayor transparencia, un patrón ya observado en otros casos de vivienda protegida en municipios medianos españoles durante la última década.
Perspectivas de los distintos actores
Desde el PP municipal se insiste en que Gómez actuó de forma individual y que el partido no tenía conocimiento formal de su condición de cooperativista hasta fechas posteriores. Compromís exige la dimisión inmediata del alcalde por presunto encubrimiento y ha anunciado que trasladará la petición al próximo pleno. El PSOE, por su parte, ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de Barcala en la comisión municipal que investiga el asunto, argumentando que la hoja de ruta de reasignación de competencias confirma conocimiento previo. Los vecinos afectados y cooperativistas en lista de espera expresan indignación por la posible vulneración de los principios de equidad que rigen estas adjudicaciones.
Tendencias futuras y riesgos identificados
Es previsible que los ayuntamientos valencianos refuercen los protocolos de declaración de bienes de cargos públicos vinculados a promociones de vivienda protegida, incluyendo auditorías cruzadas con registros de cooperativas antes de cualquier adjudicación. El riesgo principal radica en que la erosión de confianza derive en menor participación ciudadana en futuras promociones de VPP, reduciendo la demanda efectiva y complicando la viabilidad económica de proyectos que ya enfrentan elevados costes de construcción. Otro riesgo es la judicialización prolongada, que podría paralizar la gestión de suelo municipal destinado a vivienda asequible durante varios años mientras se resuelven recursos y diligencias.
El episodio también plantea la necesidad de revisar los periodos de carencia o incompatibilidad para ediles que acceden a viviendas protegidas antes de su mandato, un aspecto que la normativa actual no regula con suficiente claridad cuando el solicitante ya figuraba en cooperativas constituidas años atrás.
