Jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y han cumplido los requisitos de DACA pueden terminar en procesos de deportación por errores en trámites migratorios o infracciones antiguas. Los casos de Roberto Navarro Valenzuela y Myndy Valencia Sánchez, conocidos en Tucson, Arizona, muestran que la protección temporal del programa no ha evitado que algunos beneficiarios o solicitantes enfrenten acciones de Inmigración.
Una firma cuestionada y una audiencia pendiente
Navarro Valenzuela, mexicano de 24 años y estudiante de mecánica espacial en la Universidad de Arizona, recibió en mayo el rechazo a su petición de residencia legal mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Según explicó, la razón que le dieron fue una supuesta firma incorrecta en el formulario de cambio de estatus migratorio.
El joven presentó además una solicitud de DACA en 2021, pero esta quedó sin resolver después de que una orden de una corte federal impidiera procesar nuevas peticiones del programa. Creado en 2012 durante la Administración de Barack Obama, DACA ofrece protección temporal a personas que llegaron sin documentos cuando eran menores de edad, pero no equivale a una residencia permanente.
Navarro Valenzuela sostiene que deberá reiniciar el trámite migratorio, aunque ese procedimiento no suspende la orden de deportación. Tiene una audiencia prevista para septiembre y afirmó que teme ser enviado a México, país que dejó con sus padres cuando tenía 18 meses.
Una infracción de hace 15 años
Valencia Sánchez, también mexicana, recibió una notificación de que su caso había sido puesto en proceso de deportación por conducir sin licencia hace más de 15 años. Tiene 29 años, llegó a Estados Unidos a los siete y conserva DACA vigente hasta enero próximo. Señaló que desde aquella infracción obtuvo una licencia de conducir, mantiene un historial de manejo limpio y no ha cometido otros delitos.
La joven afirmó que cumplió con las revisiones de antecedentes, escuela, trabajo, pago de impuestos y formularios exigidos por el programa. Sin embargo, la notificación la tomó por sorpresa y le generó temor ante la posibilidad de regresar a un país que considera desconocido.
Datos incompletos sobre detenciones y expulsiones
El abogado de inmigración Maurice Goldman calificó de “ridículas” las razones utilizadas en estos casos y atribuyó la situación a la forma en que opera la Administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con información solicitada por congresistas demócratas al Departamento de Seguridad Nacional, ICE había deportado hasta el 12 de mayo a 85 beneficiarios de DACA sin condenas ni cargos criminales durante el segundo mandato de Trump. Otros 658 beneficiarios y solicitantes habían sido puestos bajo custodia.
La dimensión exacta del fenómeno sigue siendo difícil de establecer porque las cifras entregadas por agencias federales no coinciden entre sí. Organizaciones como el American Immigration Council han documentado un aumento de arrestos y deportaciones de personas con DACA, incluso en casos en los que mantenían vigente esa protección temporal.
