El oficialista Frente Amplio de Uruguay afirmó este lunes que existen indicios de posibles delitos en la compra de dos patrulleras oceánicas a la empresa española Cardama y anunció que promoverá una investigación de la Fiscalía. La fuerza política respaldó además la decisión del Gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato, mientras sus legisladores reclamaron el apoyo del Parlamento para denunciar las presuntas irregularidades.
El planteamiento fue presentado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y por los legisladores que participaron en una comisión investigadora bicameral de la Asamblea General. Según la conclusión política de la coalición gobernante, la empresa habría cometido fraude, aunque los hechos, sostuvo, “no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso”.
La comisión señala fallas en el procedimiento
El senador Nicolás Viera responsabilizó políticamente en primer lugar al expresidente Luis Lacalle Pou, por haber respaldado el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas y por la manera “irregular” en que, según afirmó, se desarrolló. La acusación fue formulada como una valoración política del Frente Amplio y deberá ser examinada por las autoridades competentes si finalmente se presenta la denuncia.
El diputado Joaquín Garlo detalló varias de las situaciones identificadas por la comisión. Entre ellas mencionó el otorgamiento de prórrogas sin registros por parte de la Administración pública y la omisión de comunicar que el contrato no había entrado en vigor debido a incumplimientos contractuales.
Garlo también cuestionó autorizaciones de pagos sustentadas en un análisis de documentos que, según dijo, nunca estuvieron a la vista. Añadió que hubo pagos aprobados sin controles documentales suficientes, con archivos en inglés sin traducción y documentación sin apostillar. La comisión señaló asimismo la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros sobre decisiones que consideró esenciales para proteger los fondos públicos.
El contrato fue firmado en diciembre de 2023
El Ministerio de Defensa, durante la Administración de Luis Lacalle Pou, firmó el 15 de diciembre de 2023 el contrato con Cardama para adquirir dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares. El acuerdo establecía las condiciones para la construcción y entrega de las embarcaciones, así como las garantías que debían respaldar la operación.
El conflicto avanzó cuando el Gobierno encabezado por Orsi anunció, el 22 de octubre, su voluntad de rescindir el contrato después de detectar presuntas irregularidades en esas garantías. La Administración comprobó que EuroCommerce, la empresa que debía ofrecer el aval, se encontraba en proceso de liquidación, una circunstancia que puso en duda el respaldo exigido para el acuerdo.
Cardama niega haber cometido fraude
Desde Vigo, Cardama rechazó entonces cualquier acusación de fraude. La compañía sostuvo que las garantías habían sido presentadas, aceptadas y renovadas conforme a lo establecido en el contrato, y defendió que había cumplido sus obligaciones contractuales.
La empresa afirmó además que la construcción de las patrulleras estaba en marcha y manifestó su disposición a sustituir la garantía si fuera necesario. El Frente Amplio, por su parte, pretende que tanto la actuación de la compañía como la eventual responsabilidad de los funcionarios públicos sean analizadas por la Fiscalía y espera que todas las fuerzas parlamentarias respalden la presentación de la denuncia.
