El enfrentamiento entre el general Hugo López y el coronel retirado Javier Valenzuela no surge de manera aislada. Desde finales de 2024, las Fuerzas Militares enfrentaron restricciones operativas en el Pacífico nariñense derivadas de los diálogos con la Segunda Marquetalia. El decreto 1052 de 2025 estableció límites claros a las acciones ofensivas en zonas donde avanzaban las negociaciones, lo que generó tensiones internas entre mandos que priorizaban la presión militar y aquellos que debían cumplir directrices del Ejecutivo.
Valenzuela, al asumir el comando de la Fuerza de Tarea Hércules en diciembre de 2024, coordinó cuatro batallones en nueve municipios de la costa pacífica. Sus informes de inteligencia señalaban presencia consolidada de la Segunda Marquetalia en Inda Zabaleta y el río Rosario, con acopio de armamento y precursores químicos. Sin embargo, dos llamadas telefónicas, una atribuida al entonces jefe de Estado Mayor Conjunto y otra al general Erick Rodríguez, ordenaron retirar pelotones en avance. La justificación oficial apuntaba a quejas elevadas desde la mesa de diálogos, un mecanismo que, según Valenzuela, los grupos armados utilizaron para consolidar territorios como zonas de exclusión permanente.
Antecedentes de las restricciones operativas
El esquema de diálogos de paz con disidencias de las FARC en Nariño y Putumayo replicó patrones observados en procesos anteriores, como el cese al fuego bilateral de 2016. En aquella ocasión, la reducción de operaciones permitió a algunas estructuras reorganizarse logísticamente. Datos de la Policía Nacional indican que entre 2017 y 2019 el cultivo de coca en Nariño aumentó un 34 por ciento en zonas donde las restricciones fueron más estrictas. El caso actual repite la lógica: la delimitación temporal de áreas de exclusión derivó en control territorial efectivo por parte de los grupos, que interpretaron los límites como permanentes.
La desvinculación de Valenzuela en diciembre de 2025, tras no ser seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares, se inscribe en un patrón más amplio de rotación de mandos que coincide con momentos de tensión entre la institución castrense y el Ejecutivo. Oficiales que han expresado reservas frente a las restricciones operativas han enfrentado dificultades para ascender, lo que erosiona la percepción de meritocracia dentro de las filas.
Impacto institucional y en la cadena de mando
La denuncia penal por calumnia e injuria presentada por López ante la Fiscalía General introduce un precedente significativo. Cuando un general en servicio activo acude a la justicia ordinaria contra un coronel retirado por declaraciones sobre órdenes operativas, se abre la puerta a que futuros desacuerdos internos se judicialicen. Esto puede inhibir la rendición de cuentas interna y desplazar el debate sobre límites operativos desde el Congreso o los organismos de control hacia los estrados judiciales, donde los tiempos procesales difieren de los ritmos de la confrontación armada.
La imagen de las Fuerzas Militares también se resiente. En regiones como Tumaco, donde la población civil convive con la presencia de grupos armados y la coca, la percepción de que las tropas reciben órdenes contradictorias debilita la confianza en la institución. Encuestas locales realizadas por organizaciones de derechos humanos en 2025 mostraron que el 61 por ciento de los habitantes de la costa pacífica nariñense consideraba que las restricciones de operaciones favorecían a los grupos ilegales, un dato que la denuncia de Valenzuela refuerza en el debate público.
Consecuencias para el proceso de paz y el narcotráfico
Los diálogos con la Segunda Marquetalia enfrentan ahora un obstáculo adicional de credibilidad. Si las quejas elevadas desde la mesa de conversaciones se traducen sistemáticamente en retiro de tropas de zonas con alta presencia de cultivos y laboratorios, el proceso corre el riesgo de ser percibido como un mecanismo de cesión territorial más que como una negociación genuina. Casos similares en el Catatumbo durante 2023 demostraron que la reducción de presión militar sin mecanismos de verificación efectivos permitió el incremento de hectáreas cultivadas en un 28 por ciento en doce meses.
A largo plazo, la controversia puede afectar la capacidad del Estado para diseñar políticas de seguridad coherentes. Cuando mandos intermedios reciben señales contradictorias entre las directrices del Gobierno y las necesidades operativas sobre el terreno, se genera una parálisis que aprovechan los grupos armados. La ruta del Pacífico, principal corredor de salida de cocaína hacia Centroamérica, requiere coordinación precisa entre inteligencia, operaciones y control territorial; cualquier fractura en esa cadena multiplica los costos en vidas y recursos para recuperar el control perdido.
Repercusiones en la carrera militar y la rendición de cuentas
La salida de Valenzuela y la posterior denuncia penal ilustran cómo las tensiones entre lealtad institucional y responsabilidad operativa pueden derivar en costos personales para los oficiales. En contextos donde el ascenso depende de evaluaciones que incluyen alineación con las políticas de paz, existe el riesgo de que la institución priorice la conformidad sobre la eficacia operativa. Este fenómeno ya se observó en el periodo posterior al acuerdo de 2016, cuando varios coroneles con experiencia en confrontación directa optaron por retiro anticipado ante la percepción de que sus perfiles ya no eran valorados para ascensos.
En términos más amplios, el episodio pone a prueba la capacidad del sistema democrático colombiano para gestionar el equilibrio entre el poder civil y el mando militar. Cuando las decisiones operativas se judicializan y las explicaciones sobre restricciones se trasladan a los tribunales, el debate público se empobrece y se posterga la discusión necesaria sobre cómo conciliar el derecho a la paz con la obligación constitucional de proteger la soberanía territorial frente a grupos armados que continúan financiándose con el narcotráfico.
