El 30 de junio de 2026, durante una marcha de colectivos de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, se registraron episodios de fricción con elementos policiales que derivaron en denuncias de agresiones físicas. Dos días después, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana emitieron un videomensaje público en el que reconocieron los hechos y ofrecieron disculpas formales. Esta respuesta institucional no surgió de manera aislada, sino que forma parte de una cadena de tensiones acumuladas entre los gobiernos locales y los grupos que exigen avances en la localización de personas desaparecidas.
Las madres buscadoras han sostenido movilizaciones constantes desde hace más de una década en distintas entidades del país. En la capital, su presencia se intensificó tras el aumento de reportes de desapariciones vinculadas a contextos de violencia urbana y migración interna. Los colectivos han señalado en múltiples ocasiones que las autoridades no han establecido mecanismos eficaces de coordinación que permitan incorporar sus hallazgos a las investigaciones oficiales. La marcha del 30 de junio pretendía visibilizar precisamente esa falta de interlocución efectiva.
Antecedentes de la conflictividad policial
El despliegue de un contingente policial para evitar el bloqueo total de la vialidad respondió a protocolos habituales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la formación de una línea de contención generó empujones y forcejeos que los manifestantes interpretaron como uso excesivo de la fuerza. Casos similares ocurrieron en 2023 durante protestas de familiares de desaparecidos en la misma avenida, cuando la ausencia de diálogo previo derivó en detenciones arbitrarias y posteriores sanciones administrativas a varios agentes. La repetición de este patrón indica que las reformas a los manuales de actuación policial no han logrado modificar las prácticas operativas en el terreno.
La instrucción de investigar a las direcciones de Asuntos Internos y Derechos Humanos abre la posibilidad de que se determinen responsabilidades individuales. No obstante, experiencias pasadas muestran que las sanciones suelen limitarse a amonestaciones o cursos de capacitación sin que se modifiquen los criterios de mando que permiten la escalada de confrontaciones. La falta de transparencia en los resultados de estas investigaciones alimenta la desconfianza de los colectivos hacia las instituciones.
Repercusiones en la política de búsqueda
El llamado del secretario César Cravioto a “acercar las demandas al entorno de los partidos” sugiere un intento de institucionalizar el diálogo más allá de las protestas callejeras. Esta estrategia podría traducirse en la creación de mesas técnicas permanentes donde los colectivos participen en la definición de protocolos de actuación policial durante marchas. No obstante, existe el riesgo de que tal acercamiento se perciba como un mecanismo de contención política en lugar de un espacio genuino de incidencia.
En estados como Jalisco y Nuevo León, la integración formal de madres buscadoras en consejos estatales de búsqueda ha permitido la recuperación de información valiosa que antes permanecía fragmentada entre carpetas de investigación. Si la Ciudad de México replica este modelo, podría reducirse el tiempo de respuesta ante nuevos reportes de desaparición. Sin embargo, el éxito depende de que se garantice independencia operativa y recursos presupuestales suficientes, condiciones que rara vez se cumplen en los consejos existentes.
Efectos sobre la libertad de manifestación
La aclaración de que “en ningún momento se generó una consigna para limitar la libertad de manifestación” busca desactivar acusaciones de represión sistemática. No obstante, el solo hecho de que se requiera una disculpa pública evidencia que los controles internos de la corporación policial siguen siendo insuficientes. Organismos internacionales como la CIDH han documentado que la repetición de incidentes similares erosiona la legitimidad de las fuerzas de seguridad ante la ciudadanía y puede derivar en mayor judicialización de la protesta social.
A largo plazo, este episodio podría acelerar la discusión de una ley de manifestaciones que establezca reglas claras sobre el uso de la fuerza y la obligación de mediación previa. Varias organizaciones civiles ya preparan propuestas en ese sentido, inspiradas en modelos aplicados en ciudades como Bogotá, donde la existencia de protocolos de diálogo redujo significativamente los enfrentamientos durante marchas de familiares de víctimas.
Impacto en la confianza institucional
Las disculpas emitidas por funcionarios de alto nivel representan un reconocimiento explícito de que el Estado puede equivocarse en el trato a grupos que defienden causas legítimas. Este gesto, aunque simbólico, abre una ventana para reconstruir puentes con sectores que históricamente han mantenido distancia del gobierno capitalino. El verdadero indicador de cambio será la celeridad con que se resuelvan las investigaciones internas y se implementen correctivos operativos.
Si las sanciones resultan ejemplares y se hacen públicas, otros colectivos podrían percibir que existe un canal real para denunciar abusos. En caso contrario, el ciclo de movilización y confrontación se reforzará, debilitando la capacidad del gobierno para gestionar conflictos sociales de manera preventiva. La administración de Clara Brugada enfrenta así una prueba concreta sobre su capacidad de traducir el discurso de derechos humanos en prácticas cotidianas de la seguridad pública.
