Cáceres, 26 ago (EFE).- El historiador y profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED César Rina Simón ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura que retire su nombre del expediente abierto para declarar como bien de interés cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, según ha informado la Asociación Memorialista de Cáceres (Amececa).
La asociación ha explicado que Rina ha cuestionado públicamente el uso que el Gobierno autonómico pretende hacer de sus investigaciones para respaldar la protección patrimonial del monumento, situado en la Plaza de América. Amececa sostiene que el historiador considera que sus trabajos están siendo empleados para fundamentar una declaración BIC que no comparte.
Amececa cuestiona el uso de los estudios citados
Amececa ha calificado la petición como un “revés para la Junta”, al entender que uno de los historiadores cuyas investigaciones aparecen vinculadas al expediente ha “desautorizado su utilización como argumento” para promover la declaración BIC de la cruz.
Rina es autor de trabajos académicos sobre la construcción de la memoria franquista en Cáceres y sobre el significado de los monumentos conmemorativos de la dictadura en la ciudad. Según la asociación memorialista, esas investigaciones fueron incorporadas a la documentación utilizada por la Administración autonómica en el procedimiento.
La organización también ha señalado que otros historiadores citados en los documentos de la Junta han cuestionado el uso de sus trabajos, aunque la petición formal para retirar el nombre del expediente corresponde, según Amececa, a César Rina.
Las entidades memorialistas preparan alegaciones
Las entidades memorialistas extremeñas ya habían anunciado su intención de presentar alegaciones contra la incoación del expediente BIC y de personarse en el procedimiento. Con ello pretenden acceder a los informes técnicos y conocer los argumentos empleados por el Gobierno regional, integrado por PP y Vox, para plantear la protección patrimonial de la cruz.
Los colectivos consideran que la declaración BIC podría entrar en conflicto con la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del 17 de abril de 2026. Esa resolución ordenó la eliminación de la Cruz de los Caídos y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.
La cruz fue concebida en 1937 y construida durante la Guerra Civil. Las organizaciones memorialistas reclaman su retirada del espacio público y recuerdan que el monumento ya figuraba en el informe municipal sobre nombres y símbolos franquistas de 2017 y en el catálogo de vestigios franquistas elaborado por la Diputación de Cáceres en 2018.
La controversia se produce después de que la Junta incoara el expediente para declarar BIC la cruz. Las organizaciones memorialistas consideran que esa decisión busca impedir su retirada en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
