La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación sobre la destitución de la senadora opositora Kattya González, ocurrida en febrero de 2024. La organización considera que la remoción fue “irregular e inconstitucional” y señaló este miércoles que el Estado paraguayo ya recibió la notificación del caso. Ahora espera el acuse de recibo para continuar el procedimiento internacional.
El secretario ejecutivo de Codehupy, Dante Leguizamón, explicó en una conferencia de prensa que la ONG pidió al comité determinar si fueron vulnerados los derechos políticos y procesales de la exlegisladora. La presentación fue realizada junto a González, el abogado de la organización, Hugo Valiente, y Myriam González, integrante de la coordinación de turno.
14 de febrero de 2024: la pérdida del escaño
Kattya González perdió su curul el 14 de febrero de 2024, después de una votación celebrada sin la presencia de la oposición. La decisión se aprobó con una mayoría encabezada por el gobernante Partido Colorado y sus aliados. La entonces senadora, de 49 años, había sido acusada de un presunto “uso indebido de influencias”.
La Fiscalía paraguaya consideró posteriormente que la decisión era inconstitucional. Codehupy sostiene que la destitución se produjo dentro de un contexto de deterioro y debilitamiento de las instituciones democráticas del país, donde el Partido Colorado ha mantenido un control político casi ininterrumpido durante los últimos 78 años.
Junio de 2026: rechazo de la vía judicial interna
A comienzos de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó una acción de inconstitucionalidad promovida por González contra su destitución. Ese fallo constituye uno de los motivos por los que la exsenadora y la organización acudieron ahora a una instancia internacional de derechos humanos.
Valiente afirmó que el aspecto central del proceso ante la ONU son las medidas que puedan adoptarse para evitar que se repitan situaciones similares. El abogado planteó como cuestión principal cuáles son los límites para destituir a un funcionario elegido mediante el voto popular y si una remoción puede realizarse únicamente porque existe una cantidad suficiente de votos, sin observar determinadas garantías del debido proceso.
La reparación quedaría abierta
El asesor legal de Codehupy se mostró seguro de que la organización ganará el caso, aunque aclaró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene capacidad para castigar al Estado paraguayo. También advirtió que una eventual decisión podría producirse “dentro de muchos años”, cuando ya haya terminado el período legislativo para el que González fue elegida.
En ese escenario, Valiente consideró que la reincorporación al cargo probablemente sería impracticable y que tendría que evaluarse una reparación alternativa. Entre las posibilidades mencionó un pedido de disculpas, un acto público de resarcimiento u otra medida de naturaleza similar. La comunicación presentada busca, por tanto, que el comité se pronuncie sobre las garantías presuntamente vulneradas y sobre las medidas que correspondan.
Durante la conferencia, González sostuvo que el caso excede su situación personal y que su iniciativa internacional pretende defender el respeto a la voluntad popular en Paraguay. Afirmó también que el desarrollo del país requiere seguridad jurídica y una Justicia independiente. La exsenadora recurre al sistema de Naciones Unidas después de que la máxima instancia judicial paraguaya rechazara su impugnación.
