La Comisión Europea ha condenado como “absolutamente inaceptable” la entrada “ilegal” de las fuerzas de seguridad israelíes en el Centro de Entrenamiento de Kalandia, una instalación educativa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) situada en Jerusalén Este. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha reclamado el respeto a la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU y al Derecho Internacional humanitario.
La declaración europea se ha producido después de que las fuerzas israelíes accedieran al complejo y realizaran obras no autorizadas en sus instalaciones. Lahbib ha señalado que el centro permite a cientos de jóvenes refugiados palestinos acceder a formación profesional, por lo que ha insistido en que los espacios de Naciones Unidas deben permanecer protegidos.
La reacción de Bruselas se ha sumado a la del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha exigido a las autoridades israelíes retirarse “de inmediato” del centro y devolverlo “sin demora” a Naciones Unidas. Guterres ha denunciado que esta es la quinta entrada “ilegal” de las fuerzas de seguridad israelíes en las instalaciones en apenas cuatro meses.
El secretario general también ha pedido al Gobierno de Benjamin Netanyahu que ponga fin a la injerencia en los espacios administrados por la UNRWA. Según su advertencia, la operación dejará a los estudiantes sin poder continuar su formación. Israel ha justificado la intervención con un proyecto para construir una carretera y un complejo educativo en el mismo lugar, aunque la actuación ha sido cuestionada por Naciones Unidas y la Unión Europea debido al uso actual de las instalaciones.
Israel, por su parte, ha defendido la “evacuación” del complejo en aplicación de la ley que prohíbe desde finales de 2024 las actividades de la UNRWA en territorio israelí, incluido Jerusalén Este. Las autoridades israelíes han vuelto a vincular a la agencia con Hamás para respaldar su posición.
Sin embargo, una investigación externa dirigida por la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna descartó esas acusaciones por falta de pruebas. La controversia queda así centrada en la continuidad de las actividades educativas de la UNRWA, la protección de sus instalaciones y la aplicación de las obligaciones internacionales invocadas por la ONU y la Comisión Europea.
